En primera instancia, hicieron el llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, principalmente a la federación, para que se reconviertan las políticas públicas en favor de este sector de la población en el marco de la pandemia, así como de los procesos electorales.
En este sentido, exigieron un proceso electoral libre de violencia política en razón de género, con candidatos que no tengan antecedentes de violencia de género o sean deudores de pensión alimenticia.
Asimismo, la distribución del gasto público suficiente y con criterio de transversalidad de género para políticas públicas y programas de atención a las mujeres, sus hijas e hijos y para las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan por los derechos humanos de las mujeres.
Pidieron pronta respuesta y atención a la violencia feminicida y a los homicidios dolosos mediante la instrumentación de políticas públicas de prevención y la asignación de recursos suficientes para atender las causas y el fortalecimiento del mecanismo de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Solicitaron la participación activa de los Sistemas de Seguridad Pública en la Atención a la violencia en contra de las Mujeres, y el registro e integración eficiente de los expedientes.
La homologación del tipo penal de feminicidio y de las sanciones a los feminicidas; así como hacer ágil y eficiente la implementación del Protocolo Alba y la Alerta Amber para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.
Agregaron el cese a la persecución de las defensoras de derechos humanos y de las feministas que acompañan a víctimas de diversas violencias.
Mostraron su rechazo a considerar la prostitución como un trabajo; y a leyes que pretendan justificar la dominación y explotación de los cuerpos. Además de reiterar su postura en favor de la despenalización del aborto en todas las entidades del país.
Sugirieron la suspensión temporal del pago de la deuda pública externa, para fortalecer sectores afectados y deprimidos como la salud, el rediseño de las viviendas que son ahora escuela y oficina, la atención y acceso a la justicia para las mujeres víctimas de las violencias en la emergencia de COVID19.