Querétaro, 20 febrero de 2023.- El titular del Órgano Interno de Control del Municipio de Querétaro, Javier Rodriguez Uribe, informó que, al día de hoy, se tiene registro de hasta ocho expedientes de funcionarios públicos acusados de actos de corrupción, en lo que va de esta administración.
Dichas investigaciones fueron remitidas a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, instancia encargada de dar resolución a estos casos, los cuales en su mayoría refieren a actos de robo o cohecho.
“En aquellos casos que tienen que ver con temas de corrupción, el órgano Interno de Control siempre ha generado las vistas de oficios sin que nadie nos lo solicite, a la Fiscalía del Estado, para que sean ellos quienes ventilen estos procedimientos, dada la especialidad”, señaló.
Asimismo, Javier Rodríguez sostuvo que, en el periodo de 2021 a 2022, se tiene registro de un promedio de 97 servidores públicos sancionados; y en el año 2022, se contabilizan cerca de 34.
“Tenemos causas que van desde la falta u omisión en la declaración patrimonial; tenemos expedientes de no acudir a capacitaciones o presentar inasistencias laborales, del tema de acoso y hostigamiento sexual; es una gran variedad que prevé la Ley General para nosotros”, expuso.
Además, sobre las denuncias realizadas por ciudadanos usuarios de trámites gubernamentales, se cerró el año 2022 con cerca de 416 expedientes de investigación.
En una gran mayoría, dijo, se resolvió la incompetencia de este órgano para atender diversas denuncias contra funcionarios estatales, o no haber completado el trámite; por lo que al momento han dictado resolución en 90 por ciento de estas denuncias.
“Tenemos la fortuna de haber resuelto el 90 por ciento de estos expedientes. La resolución ha ido en el sentido de conclusiones porque no se ha logrado establecer el hecho denunciado, también de responsabilidades, como también incompetencias”, manifestó.
Las principales quejas de la sociedad han sido por no completar el trámite en los tiempos marcados por ley; temas de mal trato brindado, entre otros.
El director refirió que se aplican penas que van desde la suspensión, la inhabilitación o la amonestación al funcionario involucrado.