Esto como parte de las adecuaciones que se hacen a algunas disposiciones legales en materia de derechos humanos y seguridad jurídica de las personas privadas de su libertad y que entrarán en funcionamiento el 30 de noviembre próximo, por disposición de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
De esta forma, anunció que como parte de una segunda etapa suscribirán convenios con empresas, a fin de que una persona privada de su libertad sea contratada por terceros ajenos al sistema penitenciario.
"Fortalecimiento de las bases de reinserción, entre otras, sobre todo el hecho de que las personas puedan ser contratados, eso implica un proceso de selección, pues de acuerdo a las condiciones no cualquier proceso productivo puede permitirse por razones de seguridad, incluso por economías", refirió.
Señaló que ello implicará que las propias empresas inviertan recursos económicos e instalen al interior de los penales la infraestructura necesaria para ofrecer el empleo.
"Una empresa que tenga consumo de agua no sería posible aceptarla, se trata de realizar un estudio de mercadotecnia para saber qué productos les puedan resultar redituables, para que el trabajo de las personas privadas de la libertad logre su objetivo que es el que obtengan ingresos suficientes y que les permitan tener una vida autosustentable, una autonomía económica cuando obtengan la libertad", precisó.
Granados Torres, adelantó que la persona privada de su libertad tendrá un salario; contará con seguridad social; y se buscará que la industria le brinde capacitación para hacerlo más competitivo en el mercado laboral de Querétaro.
"En la segunda etapa el gasto correrá básicamente en razón de la relación laboral que terceros, empresarios, industriales, decidan participar en el sistema penitenciario. En ese sentido, el costo para el Gobierno Estatal será mínimo", abundó.
También, apuntó que se contempla que cuando la persona obtenga su libertad, la empresa le dé continuidad "suficiente" en el empleo, lo cual le permita lograr en definitiva la reinserción.
Manifestó que la Ley Nacional de Ejecución Penal busca que las personas privadas de su libertad, aún internas en un Cereso, sean tratadas en la medida de lo posible como una persona en libertad.
Además, reveló que la ley permite otras dos opciones para que una persona realice una actividad laboral cuando esté privada de su libertad: el autoempleo y el trabajo voluntario que no es remunerado, pues es a cambio de obtener beneficios anticipados de libertad.
"Todo esto ya se está procesando, ya se está generando, pero al tratarse de la segunda etapa todavía no resulta obligatorio. Nosotros tenemos la indicación del gobernador de hacerlo lo más pronto posible, se va a cumplir", aclaró.
Asimismo, el titular de la Secretaría de Gobierno Estatal, reportó que actualmente todas las personas privadas de la libertad en el estado realizan alguna actividad lúdica o laboral.
Los cinco penales de Querétaro cuentan con una población penitenciaria promedio del 60 por ciento, es decir, de dos mil 108 personas privadas de su libertad, entre hombres, mujeres y adolescentes.