Querétaro, 27 mayo 2022.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) cumplen las recomendaciones emitidas por el DDHQ por los hechos de violencia el 5 de marzo.
El presidente de la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Querétaro (DDHQ), Javier Rascado Pérez, afirmó que ambas dependencias estatales están rindiendo los informes pertinentes a la Defensoría.
“Se está dando cumplimiento, se aceptaron las recomendaciones que se emitieron crearon el grupo interdisciplinario que se determinó por parte de la Defensoría y nos han estado rindiendo los informe", subrayó.
Indicó que las recomendaciones son de largo alcance por todos los protocolos que se tienen que revisar, las reformas que se tienen que hacer, pero aclaró que han estado dando respuesta a la defensoría.
Rascado Pérez, recalcó que de acuerdo con lo que establece la recomendación, el grupo interdisciplinario tiene que emitir los informes a la DDH según los avances que vayan teniendo.
Hay que recordar que la Defensoría emitió las recomendaciones por la violación a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y a la integridad personal, en agravio de las personas asistentes al partido entre Gallos Blancos y el Atlas el pasado 5 de marzo.
Entre las recomendaciones se encuentran: la creación de un grupo interdisciplinario que deberá dar cumplimiento y seguimiento a los puntos recomendatorios.
Realizar la investigación para identificar y recabar la información de todas las víctimas directas e indirectas de los hechos ocurridos el 5 de marzo; y a partir de ello, gestionar su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.
Del mismo modo, deberán revisar la normatividad aplicable a eventos donde exista concentración masiva de personas donde se regulen y otorguen facultades a empresas de seguridad privada.
Asimismo, presentar un paquete de reformas legislativas y administrativas, que originen nuevas disposiciones normativas en ambas categorías.
El objetivo es prevenir, delimitar, coordinar, controlar y sancionar de manera efectiva actos u omisiones que propicien la vulneración a derechos humanos.
Así como impulsar la implementación de políticas públicas integrales para su cumplimiento.