La diputada Abigail Arredondo Ramos, integrante de la LIX Legislatura local, aseguró que han incrementado en Querétaro las quejas ante la PEROFECO en contra de inmobiliarias por defectos y vicios ocultos en la construcción de viviendas.
La legisladora indicó que cuando se habla de vicios ocultos se refiere a que al realizarse la entrega de una casa o departamento, las constructoras dan garantía sólo por un año para que se detecte algún desperfecto como cuarteaduras, pisos hundidos, es decir, por daños estructurales en la vivienda.
“No tenemos una cifra específica de las quejas que se presentan ante la Profeco por esta situación, pero sí sabemos que casi todas las que llegan a la dependencia federal son por vicios ocultos”.
Apuntó que es necesario que haya un registro con información de todas las inmobiliarias, para cuando haya quejas ante la PROFECO se informe al consumidor, cuáles son las constructoras que tienen el mayor número de quejas”.
Recordó que cuando era presidenta de la comisión de Desarrollo Urbano en el municipio de Querétaro, siempre pedía una tarjeta informativa cuando el Cabildo pretendía autorizar alguna licencia en la que se incluyera todo el historial de la empresa.
Manifestó que el Ayuntamiento es la autoridad para otorgar las licencias de construcción, por lo que se debe trabajar de la mano con ellos, pues por más que se haga una base de datos y se hagan modificaciones a la ley, si el municipio no interviene no se avanza.
Detalló que ahí confluyen varios marcos jurídicos con todo este tema que tiene que ver con el sector inmobiliario, es decir si una queja tiene que ver con la relación de la presión es un tema civil y se puede resolver amigablemente en conciliación, pero si tiene que ver con la prestación de los servicios es un tema que tiene que ver con el municipio.
“Sin embargo si hablamos de vicios ocultos, que es la principal queja, esta se debe resolver con una autoridad judicial y es algo que llama la atención, por eso es que se trabaja en los foros y en mesas para la reforma al Código Urbano, en donde se involucra a las autoridades estatales, municipales y las constructoras”.
Afirmó que no sólo el Código Urbano debe quedar con cambios, sino también con sanciones, pues mientras no se incluyan y no se ejecuten por el municipio, estos seguirán ocurriendo.
“Deben ser sanciones reales y no solo una llamada de atención, si no cumplen que ya no se autorice la venta y entonces ahí las cosas cambiarán”, finalizó.