La ley es de alrededor de 40 artículos y es concordante con la Ley General en la materia, indicó Ortiz Proal, al referir que entre lo destacado está en la creación de un protocolo para implementar medidas de protección urgentes en casos necesarios, además de tener un seguro de vida y un programa de salud.
De aprobarse este dictamen el Poder Ejecutivo del Estado, también tendría la obligación de crear un fondo económico para el apoyo de periodistas que pudieran quedar afectados por alguna incapacidad.
Además de un mecanismo de protección local, similar al que opera actualmente a nivel nacional, con el objetivo de que se implementen medidas preventivas y medidas urgentes de protección, que garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se dedican a promover y defender los derechos humanos y ejercer la actividad periodística.
“De ahí nació la inquietud de preparar un proyecto de ley que pudiera representar un entramado jurídico básico, con el ánimo de encarar una situación compleja, en caso de que se presentara, ya que en Querétaro si bien en términos generales se puede desarrollar la labor periodística sin mayor problema, no estamos exentos de que pudiera ocurrir (…) nos gustaría conocer sus puntos de vista, planteamientos y poder enriquecer los juicios de valor que nos permitan, a la brevedad, contar con un marco jurídico mínimo en esta materia”.
Finalmente la medida también busca la prevención de posibles agresiones, por lo que el estado deberá de recopilar y analizar toda la información que sirva para evitar agresiones potenciales a personas que defiendan derechos humanos o a los periodistas.