Querétaro, 7 Noviembre 17.- En Sesión de la Comisión de Igualdad de Género, Grupos Vulnerables y Discriminados de la LVIII legislatura, se aprobó la armonización de la Ley para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad del Estado, con la normatividad federal.
La Presidenta de la Comisión, Verónica Hernández Flores, informó que esta adecuación implica modificaciones a fin de ampliar la definición de discriminación por discapacidad y que concuerde con las Leyes nacionales, pero también con diversos documentos internacionales.
“La discriminación por motivos de discapacidad, será entendida como cualquier distinción, exclusión y restricción que tengan el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de cualquier otro tipo”.
Otra de las adiciones tiene que ver con la incorporación del concepto de educación inclusiva en la normativa local, a fin de buscar la integración de personas con discapacidad en los planteles regulares adecuando las herramientas, materiales y métodos de acuerdo a las necesidades de los alumnos.
De igual forma se amplió la definición de lenguaje entendiendo que puede ser oral, escrito, de señas, braille y otras formas de comunicación que se utilicen de acuerdo al tipo de discapacidad que la persona presente.
Hernández Flores detalló que de acuerdo a la última medición hecha por el INEGI la media nacional señala que por cada 100 mil habitantes existen 60 personas con algún tipo de discapacidad y en este contexto la entidad reporta la misma proporción de personas con discapacidad.
Finalmente en la Sesión también se aprobaron reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, para incluirle perspectiva de género a la misma, ya que –como en los otros grupos generacionales- en el caso de las personas adultas mayores, las mujeres tienen mayores desventajas en su condición de vulnerabilidad.
La Presidenta de la Comisión, Verónica Hernández Flores, informó que esta adecuación implica modificaciones a fin de ampliar la definición de discriminación por discapacidad y que concuerde con las Leyes nacionales, pero también con diversos documentos internacionales.
“La discriminación por motivos de discapacidad, será entendida como cualquier distinción, exclusión y restricción que tengan el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de cualquier otro tipo”.
Otra de las adiciones tiene que ver con la incorporación del concepto de educación inclusiva en la normativa local, a fin de buscar la integración de personas con discapacidad en los planteles regulares adecuando las herramientas, materiales y métodos de acuerdo a las necesidades de los alumnos.
De igual forma se amplió la definición de lenguaje entendiendo que puede ser oral, escrito, de señas, braille y otras formas de comunicación que se utilicen de acuerdo al tipo de discapacidad que la persona presente.
Hernández Flores detalló que de acuerdo a la última medición hecha por el INEGI la media nacional señala que por cada 100 mil habitantes existen 60 personas con algún tipo de discapacidad y en este contexto la entidad reporta la misma proporción de personas con discapacidad.
Finalmente en la Sesión también se aprobaron reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, para incluirle perspectiva de género a la misma, ya que –como en los otros grupos generacionales- en el caso de las personas adultas mayores, las mujeres tienen mayores desventajas en su condición de vulnerabilidad.