Querétaro, 23 Septiembre 2021.- En medio de acciones de opacidad y poca transparencia, se llevó a cabo la sesión de Pleno de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, en la que se dictaminó la iniciativa que reforma al código civil del estado de Querétaro, que reconfigura el matrimonio, concubinato y adopción de parejas del mismo sexo.
Dicha iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario de Morena, misma que refiere que los homosexuales puedan contraer matrimonio por la vía civil, sin que se les tenga que solicitar un amparo.
Con 21 votos a favor y 4 en contra, los diputados salientes aprobaron dicha iniciativa, que también habría sufrido la congelación por más de tres legislaturas y que fuera impugnada a través de recursos de amparo por parte de organizaciones civiles y activistas de la comunidad LGBT.
Dicho proyecto fue sesionado de forma intempestiva en la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda; cuando habría permanecido “en análisis” en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Los legisladores que votaron en contra de esta iniciativa fueron Concepción Herrera Martínez, del Partido Querétaro Independiente; Elsa Méndez Álvarez, diputada independiente; Miguel ángel Torres Olguín y Leticia Rubio Montes, ambos del Partido Acción Nacional.
Sin embargo, llamó la atención de los medios de comunicación y de la sociedad en general, que la página de la Legislatura local en redes sociales y en la propia plataforma digital, solamente se dieran cuatro minutos de transmisión; cortando justo en el momento en el que se discutiría el dictamen, para no volver a establecer la transmisión.
De esta misma situación se quejaron los diputados locales de Morena, pues dicha sesión de pleno se convocó con muy poco tiempo de anticipación, no fue publicada la gaceta oficial de la sesión en la página oficial del Congreso; y fueron enviados los dictámenes de último minuto a los legisladores.
Además del dictamen de Matrimonios Igualitarios, también se dictaminó el proyecto de reformas y creación del Código Ambiental y de Economía Circular, el cual incluye la creación del Registro Estatal de Infracciones en Materia Ambiental.