Destacó que actualmente tienen 40 demandas, en donde la mayoría de los laudos ha favorecido a los demandantes por lo que la administración está obligada a pagar 5 millones de pesos más, advirtió que aunque reconocen la deuda carecen de la “liquidez” para dar cumplimiento a estas obligaciones legales.
Reconoció que los procesos sí son “legítimos” y aunque no fueron iniciados en su gobierno, el departamento jurídico ha hecho todo lo posible por llegar a conciliaciones para encontrar formas de pago que incluyen diferir de forma mensual las deudas.“Existen varios pendientes de la pasada administración, son empleados que fueron despedidos y que demandaron; sin embargo, los responsables en sacar adelante este litigio somos nosotros, entonces se han venido dando salida a algunos trámites de carácter judicial y laboral. El problema es que no tenemos el recurso para solventar la deuda que se tiene con los exempleados”, señaló
Negó que ante esta situación haya generado algún embargo a las instalaciones del municipio, pues recordó que legalmente los bienes de la administración por ser consideras públicas, no pueden ser sujetas a este procedimiento.
“Tuvimos presencia de personas de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo, se entrevistaron con personal del DIF a quienes se les hizo la requisición del pago, les explicamos que no teníamos liquidez, entonces ellos no tienen la opción de señalar bienes porque no está permitido ya que jurídicamente no se puede embargar un bien que es público, se regresaron como llegaron, sin ningún pago y sin ningún bien señalado. Ellos pueden venir todos los días a requerir el pago y en una de esas se les paga, la otra opción es que sean reinstalados y que haya algún arreglo”, explicó.
Finalmente Macías Trejo señaló además que tienen otros pagos pendientes por resolver, relacionados con prestación de servicios y proveedores a quienes se les adeuda desde pasadas administraciones.