Las multas van desde 250 salarios mínimos, arresto administrativo por 36 horas, pero de comprobarse que los animales han sido torturados o maltratados con extrema brutalidad o exista reincidencia en la conducta infractora, la sanción podrá duplicarse.
Destacó que la aplicación de sanciones está a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, Gobiernos municipales y organismos de la administración pública, paraestatal o paramunicipal, por lo que consideró necesario que las autoridades competentes regulen la ejecución de las sanciones que marca la ley, conociendo de manera detallada las obligaciones de los propietarios.
Meza León indicó que este tipo de acciones se encuentran en el Artículo 26, donde se prohíbe el sacrificio, la destrucción, el daño o la perturbación de los ejemplares de cualquier animal, en otra forma que no sea la prescrita por las leyes.
Asimismo en el artículo 27, fracción VIII la ley establece que: “Toda persona que no pueda hacerse cargo de un animal está obligada a buscarle alojamiento y cuidado; bajo ninguna circunstancia podrá abandonarlos ya sea vivos o muertos en la vía pública”.
Mientras que en el artículo 38 marca que el sacrificio de animales sólo puede realizarse para detener el sufrimiento causado por accidente, enfermedad o incapacidad física graves o vejez extrema, como medida de seguridad sanitaria, para suprimir un riesgo público por ferocidad extrema.
Y es que explicó que esta ley pretende asegurar las condiciones para el trato digno y respetuoso de todas las especies animales, promoviendo la cultura de protección a la naturaleza.
De igual forma reconoció que varios colegiados han denunciado las solicitudes de dueños para acabar con la vida de los animales, sin embargo se han negado a efectuar los sacrificios, al referir que esta situación se presenta dos veces al mes.
“Si se presenta esta situación, pero el estatus de ética nos impide sacrificar a los animales solo por petición de usurario, esto debe estar justificado, la obligación del responsable cuidarlos”, manifestó.