San Juan del Río, 28 Junio 17.- El secretario de administración, Enrique Fernández de Cevallos y Castañeda, aseguró que la reinstalación de Noemí Escamilla Chávez, como contralora municipal no se puede realizar, ya que es un cargo que debe ser propuesto y autorizado por los integrantes del cabildo.
Asimismo, señaló que existieron problemas en el litigio, por lo que actualmente la presidencia está buscando las estrategias para mostrar que es imposible realizar la reinstalación de los tres ex funcionarios, Carlos Rivas, Carlos Olguín y la ex titular de contraloría.
El funcionario manifestó que a mediados del siguiente mes se estará llevando a cabo la segunda audiencia en las instalaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al afirmar que se mostrarán pruebas documentadas, de un depósito por más de 300 mil pesos, instantes antes de que el gobierno encabezado por Guillermo Vega Guerrero, tomará protesta.
Señaló que por el momento no se pueden dar a conocer las cifras de la liquidación que pretenden obtener del gobierno, debido al proceso jurídico que se está llevando a cabo.
“Hubo un pago minutos antes de que entrará esta actual administración, la cual ellos alegan que no tuvieron una especie de finiquito o liquidación, y nosotros tenemos forma de acreditar que hubo alrededor de 300 mil pesos para cada uno, que se abonaron a sus cuentas, minutos antes de salir”, señaló.
Fernández de Cevallos aseveró que el área jurídica esperará al laudo final, confiando que el falló sea para la presidencia municipal.
Asimismo, señaló que existieron problemas en el litigio, por lo que actualmente la presidencia está buscando las estrategias para mostrar que es imposible realizar la reinstalación de los tres ex funcionarios, Carlos Rivas, Carlos Olguín y la ex titular de contraloría.
“En cuanto a ese tipo de reinstalaciones no proceden, debido a que la ex contralora municipal ocupaba un puesto propuesto por cabildo y ratificado por el mismo cuerpo colegiado, por lo cual no puede una autoridad solicitar la reinstalación y tampoco hay viabilidad dentro de…”, apuntó.
El funcionario manifestó que a mediados del siguiente mes se estará llevando a cabo la segunda audiencia en las instalaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al afirmar que se mostrarán pruebas documentadas, de un depósito por más de 300 mil pesos, instantes antes de que el gobierno encabezado por Guillermo Vega Guerrero, tomará protesta.
Señaló que por el momento no se pueden dar a conocer las cifras de la liquidación que pretenden obtener del gobierno, debido al proceso jurídico que se está llevando a cabo.
“Hubo un pago minutos antes de que entrará esta actual administración, la cual ellos alegan que no tuvieron una especie de finiquito o liquidación, y nosotros tenemos forma de acreditar que hubo alrededor de 300 mil pesos para cada uno, que se abonaron a sus cuentas, minutos antes de salir”, señaló.
Fernández de Cevallos aseveró que el área jurídica esperará al laudo final, confiando que el falló sea para la presidencia municipal.