De acuerdo con Juan Manuel Vargas Lozada, afectado y representante de otros tres ciudadanos, esta situación no ha sido resuelta, a pesar de que el proceso dio inicio en el 2012 y de que existe una resolución para la detención de Carlos Jiménez Rojas y Antonio García Contreras, representantes legales de la constructora Banthí.
“A través de las insistencia y todos los elementos que existen para determinar la responsabilidad de los representantes legales de Constructora Banthí ya se tiene una orden de aprehensión en contra de Carlos Jiménez Rojas y Antonio García Contreras, quien aparecieron vendiendo los lotes, la orden de esta desde agosto del año pasado, con la actual fiscalía que ya esta en operación y funcionando”, afirmó.
De esta manera solicitaron al fiscal del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, su apoyo para proceder con lo que se estipuló en el Juzgado Único de San Juan del Río.
Recordó que la Constructora tiene diversos procesos penales y civiles en su contra, sin embargo en el Ministerio Público los avances son pocos, ya que debido al cambio de personal que se da constantemente, no se ha logrado avanzar en las investigaciones, a pesar de que los afectados han mostrado pruebas.
“Nosotros ya comenzamos amparos en contra de las omisiones del Ministerio Público (…), somos muchos los afectados y son millones de pesos, es un fraude millonario, existen todos los documentos que ya se le pidió al ministerio público desde hace 5 años que iniciaron las averiguaciones”, aseveró.
Manuel Vargas Lozada aseveró que el despojo de los predios de las personas que representa y de la suya, superan los dos millones de pesos, de ahí la urgencia de que las autoridades realicen su trabajo para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Asimismo explicó que estos movimientos de escrituración y despojo se hicieron a través de la Notaría 10, a cargo de Cipriano Pineda Cruz, donde se ha detectado que se han vendido y “legalizado” terrenos que en realidad ya tienen dueño, como el caso de Félix Martínez Rosas, quien además ha cumplido con el pago de su impuesto predial año con año.
Cabe señalar que estos fraudes se hicieron con lotes que cuentan con dueños radicados en otros estados, principalmente de la Ciudad de México, por lo que Vargas Lozada aseveró que muchos desistieron de continuar con el proceso legal, pues los gastos para defender su patrimonio son altos.
