La agrupación política abrirá un espacio de orientación jurídica, en donde se aglutinarán las quejas de los damnificados y con ellas se integrará un expediente único.
El abogado Juan Carlos Alcántara Aguilar, explicó que los daños al patrimonio de las familias, puede considerarse una figura federal porque la administración del cauce le corresponde a la CONAGUA, dependencia que a la fecha no ha generado informe público que explique el incidente.
A pesar de dicha circunstancia, no descartó la posibilidad de que la comunicación se haya realizado entre el Estado y la Delegación Federal en Querétaro, pues el gobernador Francisco Domínguez Servién, aseguró que no existía responsabilidad directa por parte del organismo operador del recurso hídrico.
“CONAGUA es un organismo público federal y su delegado es nombrado por el Presidente de la República. Entonces nosotros tenemos que acudir ante la PGR para que traiga el caso de forma directa y determine si hubo omisión por parte del municipio o una responsabilidad directa por el delegado Jorge Lobo Crenier”.
Explicó que, para que la Comisión Nacional del Agua active los seguros por posibles daños ocasionados a las viviendas, debe existir un procedimiento legal ante PGR, para que sea el organismo procurador de justicia quien determine hasta qué punto se pudo actuar, conforme al artículo 130 de la Ley de Aguas Nacionales.
“Se puede tramitar el pago de un seguro que sí existe. Lo hemos visto en estados como Guerrero, Michoacán o Colima, donde se han suscitado situaciones similares. Se tiene que presentar la denuncia ante PGR para que CONAGUA dé las respuestas necesarias y obligue a activar su seguro y haga el pago correspondiente de los daños ocasionados en cada vivienda”.