La resolución emitida hoy por el Tribunal Superior de Sendai (este) es la primera decisión por parte de una instancia de ese nivel que reconoce la responsabilidad estatal en el accidente desencadenado por el terremoto y el tsunami de marzo de 2011, aunque va en línea con varias sentencias de tribunales inferiores.
En su decisión hecha pública este miércoles, el tribunal ordena al Estado y a la compañía Tokyo Electric Power (TEPCO) pagar 1.000 millones de yenes (8,08 millones de euros) en concepto de daños a unos 3.500 residentes de la zona que se vieron a abandonar sus hogares por la catástrofe nuclear.
Los jueces concluyeron que el Gobierno "era capaz de reconocer el riesgo de que se produjera un tsunami de gran escala antes del incidente" y por tanto debió de haber tomado medidas preventivas, según el texto de la sentencia, recogido por la cadena estatal NHK.
Esta decisión ha sido tomada en segunda instancia tras los recursos presentados por el Ejecutivo nipón y por TEPCO a raíz de una sentencia de un tribunal local de 2017, y podría ser recurrida en último término ante la Corte Suprema de Japón.
FOTO: EFE/EPA/JIJI PRESS.La sentencia de 2017 señalaba que tanto el Gobierno como TEPCO manejaban un informe elaborado años antes de la catástrofe que alertaba de los riesgos derivados de un terromoto de alta intensidad y de un tsunami de cerca de 16 metros de altura, y que señalaba posibles contramedidas.
Durante sus alegaciones ante el Tribunal Superior de Sendai, el Estado volvió a argumentar que era imposible prever un tsunami de tal magnitud -el tsunami que azotó la planta alcanzó los 13 metros- y evitar el desastre nuclear, mientras que TEPCO recalcó que ya se habían abonado compensaciones a los afectados.
El terremoto y el tsunami desencadenaron fusiones parciales en tres de los cuatro reactores de la planta de Fukushima Daiichi, lo que terminó esparciendo contaminación radiactiva en un amplia área en torno a la planta y obligó a evacuar a más de 100.000 personas.
Este accidente atómico es considerado el peor de la historia tras el acaecido en Chernóbil (Ucrania) en 1986, y sus consecuencias aún mantienen a 55.000 personas sin poder regresar a sus hogares.
Las indemnizaciones ordenadas hoy por el tribunal de Sendai están dirigidas a compensar a residentes de la zona por los daños psicológicos derivados del accidente.
Estas compensaciones se sumarán a otras que abona el Gobierno a los desplazados por su evacuación obligatoria, y que se incluyen en el ingente coste que afrontan las arcas públicas por el desmantelamiento de la planta y otros gastos relacionados, estimado en unos 20 billones de yenes (161.470 millones de euros).