Las protestas contra el Gobierno cumplieron 100 días, con un saldo de 94 víctimas mortales, casi una diaria, y los opositores prometen seguir a pesar de la excarcelación del dirigente Leopoldo López para que cumpla su condena en arresto domiciliario.
La salida de López de la cárcel de Ramo Verde fue una decisión unilateral del Gobierno, según dijo su esposa Lilian Tintori, eventualmente como un gesto para detener las protestas.
El Gobierno de Rusia, aliado de Maduro, dijo que esperaba que la oposición respondiera ese gesto del Gobierno.
El exministro de Comercio Exterior y candidato a la Asamblea Constituyente de Maduro, Jesús Farías, dijo que las decisiones del Gobierno "van por el diálogo y la paz del país".
"Es un gesto de buena voluntad (excarcelación de López) que esperamos que la oposición lo vea de manera realista y seria", señaló y agregó que parte del oficialismo observa la decisión a favor de López como una concesión en “función de que se pacifique el país".
"Y que estos actos violatorios como lo son el trancazo (bloqueos de calles) cesen y se le abra espacio al entendimiento y trabajar todos en función de los grandes problemas del país", alegó.
López cumple el arresto domiciliario desde el sábado pasado, cuando fue liberado de la cárcel de Ramo Verde para seguir cumpliendo la condena de 13 años y nueve meses de prisión impuesta por haber instigado las protestas de 2014 contra el Gobierno.
Sin embargo, las protestas continuaron con un “trancazo” de hasta 10 horas que se produjo el martes, con bloqueos de vías de tránsito.
"Reiteramos que esta lucha es para salir de la dictadura", alegó el dirigente del partido Voluntad Popular, de López, y jefe de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (Congreso), Luis Florido.
La oposición dio los toques finales al plebiscito, que se realizará mañana al margen del sistema electoral formal, con votos manuales y en los alrededores de las iglesias y centros empresariales y culturales. Pidió a los venezolanos aresponder a tres preguntas relacionadas con el eventual rechazo a la Constituyente de Maduro.
La crispación política continuó el martes, cuando la Asamblea Nacional, bajo control de la mayoría opositora, suspendió su sesión debido a que una barrera militar impidió el acceso al foro legislativo.
La directiva de la Asamblea dijo que los militares impidieron el acceso de los diputados y la prensa por razones desconocidas, lo que obligó a suspender la sesión en la que se debatiría sobre la protección del palacio legislativo y el proceso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para remover a la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
A la sesión solo asistiría la bancada opositora, ya que los diputados oficialistas dejaron de concurrir desde comienzos de este año para avalar la acusación del TSJ de que la cámara legislativa está en "desacato".
A la vez, la fiscal general cumplió su amenaza de revelar nombres de funcionarios o exfuncionarios del Gobierno supuestamente involucrados en el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
Como primera medida citó a declarar para imputarlas a la esposa y suegra del exministro y actual diputado oficialista Haiman El Troudi, las primeras señaladas por el caso en el país.
Elita Del Valle Zacarías Díaz y su hija María Eugenia Baptista Zacarías, esposa de El Troudi, fueron llamadas por la fiscalía para el 27 de julio y ser imputadas formalmente.
El Troudi fue ministro de Transporte y Obras Públicas (2014-2015) del Gobierno de Maduro. Respondió que la Fiscalía busca afectarlo al citar a sus allegadas y amenazó con presentarse él personalmente en la citación.
Odebrecht pagó más de 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno e intermediarios para obtener contratos en Venezuela desde 2001.
Ortega dijo que las imputadas depositaron el dinero proveniente del pago de presuntos sobornos en cuentas en el exterior del país a nombre de familiares.
En Venezuela Odebrecht intervino en más de 10 obras, la mayoría de las cuales quedaron paralizadas en diversos puntos de su desarrollo.
"Maduro reaccionó acusando a Ortega de ser una “mentirosa” y de permitir la impunidad de los grupos que promueven la violencia en las protestas en el país, mientras el TSJ emitió una sentencia limitando la atribución de la Fiscalía de imputar a sospechosos de delitos".
Mientras, la oposición dio los toques finales para el plebiscito que organizó en contra de la propuesta de Maduro para elegir una Asamblea Constituyente. La oposición llamó a votar en la consulta, con votos manuales y fuera del sistema electoral formal.
Anunció que cinco expresidentes de América Latina se encargarán de acompañar el plebiscito contra Maduro. Estarán Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; Vicente Fox, de México; Andrés Pastrana, de Colombia, y Jorge “Tuto” Quiroga, de Bolivia.
El Gobierno dijo que la consulta es “inconstitucional” y que por lo tanto sus resultados no serán vinculantes. Maduro, por su lado, celebró el inicio de la campaña electoral para escoger los 545 miembros de la Constituyente en la elección del 30 de julio.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) pidió que los centro de votación sean declarados “zonas de seguridad” a fin de contener cualquier manifestación, luego que la oposición señaló que pretende impedir la votación de la Constituyente del 30 de julio.