Si en la década de 1980 y mediados de 1990 no era habitual observar en las calles de Santiago a personas de raza negra, en la actualidad el panorama es otro y algunos barrios de la zona centro de la capital tienen una gran presencia de migrantes.
Los extranjeros, gracias a la legislación vigente, pueden regularizar su estatus migratorio desde la calidad de turista a residente si poseen un contrato de trabajo, por lo que poco a poco han ido ocupando algunos oficios donde ganan el sueldo mínimo.
Expendedores de gasolina, obreros, carpinteros, aseadores y jardineros son algunos de los trabajos donde ahora es habitual ver a personas de raza negra, quienes ven a Chile como un lugar ideal para surgir y juntar dinero para traer a sus familias.
La mayoría de ellos gana el sueldo mínimo, unos 388 dólares, más propinas (si el trabajo las contempla), parte del cual es enviado a sus países de origen o ahorrado para comprar los pasajes aéreos que les permita a sus familiares directos llegar a Chile.
La existencia de este verdadero “paraíso en Sudamérica” generó en los últimos meses una masiva llegada de haitianos quienes, en su mayoría, arribaban a Santiago en un vuelo de la línea aérea chilena Latin American Wings (LAW) procedente de República Dominicana.
Este hecho encendió las alarmas de las autoridades chilenas, en particular de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, que investiga un presunto tráfico de migrantes haitianos donde podría estar involucrada la aerolínea.
LAW realiza todas las semanas vuelos a Lima (Perú), Punta Cana (República Dominicana) y Puerto Príncipe (Haití) y se defiende de las acusaciones señalando que otras tres empresas cubren esas rutas y que ellos sólo trasladaron un 25 por ciento del total de haitianos que llegaron a Chile en el pasado primer semestre.
Según las estadísticas oficiales de este país, cada mes ingresan a Chile unos cuatro mil ciudadanos haitianos, gran parte de los cuales ya tiene familiares establecidos en esta nación y en la actualidad ellos suman al menos 40 mil, la mitad de los cuales se estableció en 2016.
De acuerdo con las proyecciones del gobierno chileno, la colonia haitiana en este país sudamericano se debería incrementar el próximo año en 48 mil personas más, lo que la convertirá en una de las más numerosas de Chile.
Varios haitianos consultados por Notimex, que pidieron reserva de su identidad para evitar problemas con migración, reconocieron que ingresaron gracias a “cartas de invitación” (vendidas en 300 dólares) o contratos de trabajo falsos (comercializados en unos 200 dólares).
“Allá en Haití o en República Dominicana algunas personas que decían ser de organizaciones religiosas nos vendían unos documentos que nos facilitaban ingresar a Chile. Lo otro era llegar a Chile como turista y comprar el contrato de trabajo para buscar con tranquilidad uno de verdad”, comentó Jean, quien lleva casi un año en Santiago.
Agregó que “en Chile ya hay muchos haitianos viviendo y eso facilita las cosas porque nos ayudamos entre nosotros. Por eso quien trabaja en un lugar generalmente lleva a otro y así vamos estableciéndonos aunque el dinero no sea mucho, pero estamos mejor que allá (en Haití)”.
Ellos ven en Chile la estabilidad económica y política ausente en Haití desde hace varios años, la posibilidad de estudiar, surgir profesionalmente y ayudar a sus familias enviando dinero o trayéndolas bajo su alero una vez establecidos.
El Departamento de Extranjería detectó que una sola persona llegó a emitir contratos de trabajo falsos para mil extranjeros, en tanto una empresa que funcionaba en un departamento de 40 metros cuadrados decía tener como empleados a 300 extranjeros. Ambas son investigadas por la justicia.
La mayoría de los haitianos reconoce que, después de haber vivido en carne propia la pobreza y la inseguridad en su país, cualquier condición en la que vivan en Chile, incluso hacinados en viejas construcciones del centro, es mejor a la que pasaron en los últimos años en sus tierras.
Muchos pagan unos 150 dólares por una reducida pieza donde conviven a veces dos o tres familias, que cuenta con baños comunes y donde están obligados a cocinar al interior de sus habitaciones, con el riesgo que ello implica.
La iglesia Católica y en particular algunas parroquias del centro de Santiago, ayudan a los migrantes que llegan en total desprotección y se les imparten clases de español, se les entrega ropa y comida, participan en talleres de artesanías y se les ayuda a conseguir empleo.
Consciente de esta realidad, el gobierno anunció hace unos días que propondrá al Congreso Nacional varios cambios a la actual ley de migración, la cual data de 1975 y es la más antigua de la región.
La ministra secretaria general de gobierno, Paula Narváez, dijo a periodistas esta semana que “todos sabemos que en los últimos años se ha dado una tendencia de una mayor cantidad de flujo de migrantes, y por lo tanto el país esta enfrentado al desafío de adecuación de su normativa vigente, que ya es muy antigua”.
“Tenemos el desafío de ingresar un proyecto de ley al Parlamento en las próximas semanas que vaya a hacerse cargo de las distintas dimensiones que están presentes en este fenómeno”.
El tema llegó, además, a los programas de los precandidatos presidenciales, donde el senador derechista Manuel José Ossandón y el ex mandatario Sebastián Piñera plantearon endurecer las penas para los extranjeros que cometan delitos.
Según estadísticas oficiales, en Chile viven más de 477 mil extranjeros o un 2.8 por ciento del total de la población del país, de los cuales 238 mil 716 tienen derecho a voto. El 60 por ciento de ellos vive en la Región Metropolitana, donde se ubica Santiago.
El 75 por ciento de los extranjeros que vive en Chile provienen de países de América del Sur, siendo los principales países de origen Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, España, Estados Unidos, Brasil, Venezuela y China.
Según las mismas estadísticas, el asentamiento de extranjeros en Chile creció 123 por ciento entre 2005 y 2014, en tanto su escolaridad promedio es de 12.5 años.
A junio pasado, dos mil 093 reclusos eran extranjeros, de los cuales un 40 por ciento era boliviano, 23 por ciento peruano y 22 por ciento colombiano.
De acuerdo con el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), hacia 2023 vivirán en Chile en torno a un millón de extranjeros, lo que genera la urgencia de tener una Ley de Migración acorde con los nuevos tiempos.