En una conferencia de prensa y en entrevistas, expertas advirtieron por ello que la agenda del desarrollo sostenible impulsada por la propia ONU debe colocar los derechos humanos en el centro de sus estrategias, por encima de la simple consecución de indicadores ambientales.
Las reflexiones sucedieron en el marco de las presentaciones de los planes nacionales para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la ONU, que se proponen eliminar el hambre y la pobreza extrema con metas consistentes con la protección al medio ambiente.
“Los derechos humanos deben estar al centro de la implementación de los ODS porque si no protegemos los derechos de los más vulnerables entonces aumenta la probabilidad de que su situación empeore”, dijo Vicky Tauli Corpuz, relatora especial para los derechos de los pueblos indígenas.
En declaraciones a Notimex, la relatora de la ONU, quien realizó este año un viaje de trabajo a México, precisó que por ahora la implementación de los ODS no están respetando en general los derechos de los pueblos indígenas en América Latina.
Tauli Corpuz señaló que han afectado los derechos de comunidades indígenas en México proyectos de energía eólica en el estado de Oaxaca, y proyectos de energía solar en el estado de Yucatán, donde 750 hectáreas de bosques serán taladas para dar paso a paneles para captar la luz del sol.
Esos proyectos de energía limpia en territorios indígenas se suman a la creación de plantas hidroeléctricas en presas en Centroamérica, que han generado desde hace varios años enfrentamientos mortales entre los intereses privados y los defensores y activistas locales.
Tauli Corpuz mencionó el caso de la activista Bertha Cáceres, asesinada en 2016 en Honduras por oponerse a una planta hidroeléctrica.
“La empresa decía que construía la planta hidroeléctrica como parte de la agenda contra el cambio climático y el desarrollo sostenible”, explicó la representante de la ONU.
Por su parte, Tarcila Rivera Zea, activista peruana miembro del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, aseguró que en muchos países latinoamericanos la consulta previa, libre e informada en las comunidades originarias donde de instalarán proyectos de energía es “un sueño”.
“Tenemos muchas barreras legales en nuestros países. La Constitución dice una cosa, la ley estatal dice otra y las cortes de justicia dicen otra cosa. ¿Cómo podemos impulsar así nuestros derechos? Ese es nuestro problema”, aseveró.
Destacó que las consultas a indígenas no solo convienen a estas comunidades, sino a la sociedad entera, que se beneficia de recursos naturales extraídos de estos territorios, desde agua y alimentos hasta plantas medicinales.
“Se están tomando tierras de los pueblos indígenas pero también se está matando a la biodiversidad y los recursos naturales. Se está deforestando para producir energía y combustible limpio”, lamentó Rivera Zea.
Por su parte, Janene Yazzie, indígena navajo diné de Estados Unidos, resaltó que los proyectos que impulsan el desarrollo sostenible a menudo utilizan y se apropian de conocimientos indígenas al tiempo que excluyen de sus beneficios a los habitantes de estas comunidades.
Yazzie instó a los gobiernos que implementan los ODS a tener “una visión integral” que incluya los derechos de las personas que pudieran ser más afectados por el desarrollo de proyectos sustentables.