La Habana, diciembre (SEMlac). Construir protocolos institucionales que sean verdaderas herramientas para prevenir la violencia de género, o para responder a la que ocurra en sus espacios, clasifica entre los principales desafíos para la implementación de la estrategia integral que atiende a este problema en Cuba, coinciden especialistas.
Para la socióloga Clotilde Proveyer, si bien se ha avanzado en la formulación de leyes y normativas, la deuda mayor está en su implementación.
"Es importante trabajar para que estos instrumentos no queden en letra muerta", insistió Proveyer, coordinadora del equipo asesor de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) para la atención a la violencia.
En tanto, la abogada penalista Arlín Pérez Duharte considera que aún falta una respuesta integral a la violencia de género desde diferentes instituciones y que los protocolos de seguimiento, en aquellos lugares donde ya se han diseñado, no son empleados como herramientas para el trabajo cotidiano.
Existe "incomprensión del tema y por eso apostamos, también, por la especialización. En el caso de la violencia de género, la mirada debe ser distinta", manifestó la jurista, quien puso el acento en la capacitación.
Ambas expertas coordinaron grupos de trabajo durante el II Taller de Evaluación de la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar, realizado el 4 de noviembre en La Habana. Durante el intercambio se sistematizaron los desafíos múltiples en función de sus principales las líneas de trabajo: comunicación social, educación y formación, trabajo comunitario, atención a víctimas, investigación y producción de datos, protección y legislación.
A dos años de aprobada la norma, aún se reconocen deudas en la creación de servicios integrales para víctimas, la visibilidad del fenómeno y la deconstrucción de mitos sexistas arraigados en la sociedad, que están en el origen de muchas violencias.
Igualmente fue identificada la falta de articulación de los organismos e instituciones en la prevención a nivel social, así como la inserción de conocimientos de género y violencia de género en el programa curricular de las universidades en todo el país.
Urge establecer mecanismos de detección y prevención en los espacios comunitarios, "así como instrumentos de recogida de información y datos que ayuden a esclarecer la dimensión del problema, establecer políticas y tomar decisiones", enumeró la también socióloga Iyamira Hernández Pita.
La comunicación oportuna y eficaz de los casos de violencia de género, con responsabilidad y sin revictimizar, fue otra deuda ampliamente debatida. No debe ocurrir que en las redes sociales se esté hablando de un hecho violento y en los medios de comunicación públicos del país no esté esa información, recogió la relatoría del grupo que analizó esta línea de trabajo.
Hernández Pita también alertó sobre toda la producción científica en torno a estos fenómenos que a menudo se desconoce, se ignora o queda engavetada y "no es aprovechada por los organismos e instituciones pertinentes".
En la evaluación participaron organismos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales de cooperación que han contribuido con el diseño e implementación de la norma.
Inés María Chapman Waugh, viceprimera ministra, insistió en la necesidad de aterrizar las acciones en las comunidades, "pues allí es donde están las personas que necesitan conocer la Estrategia y apoderarse de ella para hacer valer sus derechos".
Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, destacó que la Estrategia ha permitido abrir intercambios en torno al machismo o las manifestaciones de violencia en diferentes espacios y, hasta ahora, ha permitido identificar alrededor de 9.000 familias que viven en situaciones de violencia, la mayoría integradas por mujeres y niñas.
"Somos conscientes de que lo hecho no es suficiente, pero existe voluntad política para seguir avanzando", valoró y calificó a la violencia de género como "un problema social, de salud y de derechos humanos".