Calcaterra se presentó a declarar aunque todavía no había sido llamado por el juez Claudio Bonadío, quien investiga la causa de corrupción más importante de los últimos años en Argentina y que involucra a los expresidentes, además de exfuncionarios y decenas de empresarios que ya están detenidos.
En un afán de victimizarse, el primo de Macri dijo ante el juez que, cuando fue dueño de IECSA, una empresa constructora que antes perteneció al presidente, los funcionarios kirchneristas lo presionaron para que pagara sobornos que financiaron la campaña legislativa del kirchnerismo en 2013 y la presidencial de 2015.
Si no lo hacía, aseguró, el gobierno lo amenazaba con no pagarle las obras públicas que su empresa ya había realizado o que estaban en pleno proceso.
La participación de Calcaterra en la red de corrupción era un secreto a voces que este lunes se confirmó y que salpicó de lleno a Macri, ya que demuestra que la corrupción no era sólo kirchnerista sino un sistema que abarcaba a toda la obra pública y que no distingue militancias políticas.
Después de declarar, el primo del presidente se convirtió en un imputado “arrepentido”, lo que lo obliga a dar información ante la justicia a cambio de reducir la condena en su contra.
La semana pasada ya había sido detenido Javier Sánchez Caballero, exdirector ejecutivo de IECSA y uno de los principales ejecutivos de Calcaterra, por lo que la oposición criticó que el primo del presidente no hubiera sido acusado.
Sánchez Caballero ya solicitó acogerse también a la figura de “arrepentido”, bajo la cual ya están amparados otros empresario Juan Carlos De Goycoechea, y Oscar Centeno, el chofer que destapó este escándalo.
La causa judicial comenzó gracias a ocho cuadernos de Centeno, quien durante más de una década fue chofer de Roberto Baratta, uno de los exfuncionarios más influyentes de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015).
En esas páginas, que un amigo de Centeno entregó a un periodista de La Nación y este al fiscal Carlos Stornelli, el chofer registró, al mejor estilo de los servicios de espionaje, a dónde, cuándo y con quiénes llevaba a Baratta para que recogiera los sobornos que los empresarios pagaban en efectivo.
De acuerdo con las anotaciones, Baratta recolectó durante más de una década unos 35.6 millones de dólares y la mayoría del dinero terminó en manos de los Kirchner.