En una declaración institucional, el dirigente nacionalista rechazó las medidas del gobierno español de aplicar el artículo 155 constitucional para frenar su proyecto independentista, que incluye el cese de su gobierno y la disolución del Parlamento para convocar a nuevas elecciones.
Acusó al gobierno de Mariano Rajoy de emprender “el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco, aboliendo la Generalitad de Cataluña”.
“El gobierno español se ha autoproclamado de forma ilegítima el representante de la voluntad de los catalanes, sin pasar por las urnas, con un apoyo escaso y en contra de la voluntad de la mayoría. Quiere teledirigir desde Madrid la vida de Cataluña”, apuntó.
En su mensaje, Puigdemont sostuvo que las instituciones y el pueblo catalán no pueden aceptar este ataque, porque “imponer una forma de gobierno no elegida por los ciudadanos y sin una mayoría parlamentaria que la avale es incompatible con el estado de derecho”.
“La humillación que pretende el gobierno español haciéndose tutor de toda la vida pública catalana, desde el gobierno hasta los medios de comunicación públicos, es incompatible con una actitud democrática y se sitúa fuera del estado de derecho”, argumentó.
“Soy consciente de la amenaza que pesa sobre todo el pueblo de Cataluña si el Estado perpetra su propósito liquidador. Nos hemos de conjurar para volver a defender nuestras instituciones como hemos hecho siempre, de manera pacífica y civilizada, pero cargados de dignidad y de razones”, puntualizó.
Ante ese escenario, adelantó que pedirá al Parlamento catalán que convoque a sesión plenaria para que los diputados debatan y decidan “sobre el intento de liquidar el autogobierno y la democracia, y se actuará en consecuencia”.
El gobierno de Rajoy envió este sábado al Senado de España el paquete de medidas para intervenir al gobierno catalán, el cual podría ser aprobado el próximo viernes.
La propuesta de Rajoy incluye el cese de todo el gobierno catalán, el control de las finanzas locales, de su policía y medios de comunicación públicos, la limitación de funciones del Parlamento para su posterior disolución y la convocatoria a elecciones locales.