“He puesto muchas denuncias, pero no ha pasado nada. Dos procesos judiciales fueron abiertos, uno por violación y el otro para exigir medidas protectoras para la niña, pero fueron archivados inexplicablemente”, explicó este hombre de 34 años en Breves, una ciudad de 100 mil habitantes.La niña, C. B., que tuvo con una mujer que niega los abusos de su padre a la nieta, sigue estando en régimen de custodia compartida, por lo que todos los días pasa las noches en la misma casa donde reside el supuesto abusador.
“Imaginen lo que siento. Mi hija llora desesperadamente cuando la tengo que dejar en casa de su madre, donde vive el abuelo y el primo que abusaron de ella”, relata Josinaldo, cuya identidad fue preservada por motivos de seguridad.
Como la pequeña C.B., cientos de niños –o incluso miles, según los expertos- enfrentan cada año abusos sexuales, pedofilia o son incluso víctima del tráfico sexual nacional e internacional en el archipiélago de Marajó, en el estado amazónico de Pará.
El problema es ampliamente conocido por las autoridades, pero la impunidad sigue proliferando ante la negligencia de las fuerzas de seguridad, las autoridades locales, el Ministerio Público y el propio poder judicial.En 2014, una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) –un instrumento en Brasil con capacidad para interrogar a cientos de personas y pedir al Ministerio Público tomar acciones legales -examinó las causas de los abusos sexuales a niños en el país y aportó datos a un fenómeno que calificó de “generalmente tolerado y hasta practicado por diversas autoridades”.
“Uno de los grandes problemas detectados por la CPI en el combate a la explotación sexual de niños y adolescentes es la impunidad y el desinterés por parte de las autoridades”, señaló el documento, que identificó en Pará 11 mil casos de abusos entre 2004 y 2012 y la existencia de 72 rutas de turismo sexual.Algunos expertos atribuyen este problema a la miseria en Marajó, uno de los lugares con el menor índice de desarrollo humano de todo Brasil, a pesar de la extraordinaria riqueza en recursos naturales (frutas, madera, pescado).
Otros señalan que en la región –víctima de una cruel colonización europea y de la violencia de la bonanza del caucho (1870-1920)- domina un sistema social machista que permite una cierta tolerancia social a estos abusos, y por lo tanto impide un mayor número de denuncias y la implementación de la ley de protección a los menores.Ante ese cuadro, algunas organizaciones vinculadas a la Iglesia católica trabajan para poder atender a las víctimas, que muchas veces no llegan a los diez años de edad, al mismo tiempo que denuncian a los abusadores, la corrupción y la negligencia de las autoridades, a pesar del riesgo de muerte para los activistas.
Una de las figuras más prominentes es Henriqueta Cavalcante, una monja que lleva diez años combatiendo la pedofilia y la prostitución infantil en la región, y que por ello está amenazada de muerte y tuvo que tener protección policial 24 horas al día durante dos años y nueve meses.“Prefiero morir denunciando que vivir callada”, dice, mientras Notimex la acompaña en un viaje por Marajó de una semana.
“Nuestro papel es denunciar. No importa que sea mi amigo, un juez o el propio Papa”, agregó, esta mujer a cuya oficina en la sede de Belén de la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños (CNBB, por sus siglas en portugués) llegan con frecuencia familiares de víctimas cuyas vidas han sido rotas.
De enero a agosto el número de denuncias recibidas por la CNBB asciende a 500, aunque Cavalcante asegura que muchas de ellas no serán objeto ni siquiera de una investigación policial y que el número real de casos puede ser cuatro veces superior.La región norte de Brasil, donde se sitúa la selva amazónica, es una de las más azotadas por los abusos sexuales, así como por los embarazos precoces.
Un estudio del Banco Mundial de 2016 señaló que el 14.9 por ciento de las jóvenes urbanas de entre 15-19 años tienen ya un niño, mientras en áreas rurales el índice sube al 18.9 por ciento, en comparación con el 10.5 y 13.2 por ciento de media en el país, respectivamente.Un estudio del brasileño Instituto Datafolha publicado en agosto de 2016 señaló que el 65 por ciento de las mujeres en Brasil tiene miedo de ser víctima de violencia sexual, mientras un tercio de la población brasileña considera que la víctima es la culpable en casos de violación.