En una carta remitida a la presidenta del Parlamento local, Carme Forcadell y a la Mesa Directiva, al secretario general, Xavier Muro, y al oficial mayor Antoni Bayona, recordaron que el Tribunal Constitucional ha advertido que permitirlo conlleva responsabilidades penales.
La carta se presenta después de que los grupos mayoritarios en la cámara catalana Juntos por el Sí y los anticapitalistas de la CUP, que juntos suman 72 de los 135 escaños, presentaran la propuesta para convocar el próximo 9 de octubre al pleno con el que se procedería aprobar la secesión.
Sobre el pleno del lunes, la diputada de la CUP Mireia Boya aseguró que la sesión “será para valorar los resultados y para materializar las consecuencias de esos resultados: declarar la independencia o proclamar la República”.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, informó esta semana que pondrá a disposición del Parlamento los resultados del referéndum de independencia celebrado el domingo, que no cuenta con la aceptación del gobierno español.
Como muestra de esa falta de reconocimiento, la Junta Electoral Central de España (competente para declarar procesos electorales en Cataluña) emitió una resolución en la que asegura que lo celebrado el domingo “no puede ser considerado como referéndum conforme al ordenamiento jurídico”.
La autoridad electoral española considera que el sujeto que lo convocó (el gobierno catalán) no es competente para hacerlo; que no se respetaron las decisiones judiciales que lo prohibían; que el objeto de la consulta es inconstitucional y que faltaron garantías de objetividad y transparencia.
Sin embargo, para el gobierno catalán votaron dos millones 662 mil 424 ciudadanos (de los 5.3 millones convocados al referéndum), y de ellos dos millones 20 mil 144 dieron el “Sí” frente a 176 mil 566 que votaron por el “No”.