La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, acusó a dirigentes de la oposición de haber incentivado la decisión de Trump de aprobar las sanciones financieras, que prohibieron las operaciones con bonos nuevos de la deuda venezolana y papeles de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La Constituyente, que al instalarse asumió poderes plenipotenciarios, señaló en primer lugar al líder de la Asamblea Nacional (Congreso), el opositor Julio Borges, a quien acusó de impulsar el “bloqueo financiero” contra Venezuela.
Borges replicó que su planteamiento fue advertir a los organismos financieros internacionales de que cualquier acuerdo que intente el gobierno en materia de endeudamiento debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, como indica la Constitución.
El Legislativo, bajo control opositor, ha sido despojado de sus atribuciones por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que lo declaró en desacato.
La Asamblea publicó una dura declaración en la que denuncia “nuevas y graves acciones del régimen” del presidente Nicolás Maduro en la “continuación del golpe de Estado contra el pueblo venezolano y sus instituciones legítimas”.
“El régimen de Maduro pretende declarar como ‘traidores a la patria’ a los diputados de la Asamblea Nacional legítima y electa por 14 millones de venezolanos, con el único propósito de proteger sus intereses económicos y de perpetuación en el poder”, señaló la comunicación.
El Congreso agregó que la acusación de “traición a la patria” es "la respuesta desesperada de Maduro a la exigencia permanente de la Asamblea Nacional que se respete la Constitución y se evite así el remate irresponsable de los activos del país por parte de la tiranía.
“Hay que recordar que ha sido la Asamblea Nacional quien ha solicitado que ninguna nación apruebe compromisos ilegales, operaciones financieras o contratos de interés nacional con el gobierno, sin que hayan sido aprobadas por el (Congreso,) único órgano constitucional legitimo para autorizarlas", explicó.
Señaló que esta postura molesta a Maduro, pues es un obstáculo para sus planes de continuar apropiándose de las riquezas del país, financiar la represión contra el pueblo y permanecer en el poder.
Agregó que la acusación y amenaza de llevar a juicio a los diputados de la Asamblea Nacional no son acciones contra individualidades aisladas, sino que constituye un nuevo y “auténtico apartheid” que busca criminalizar a la oposición venezolana y a la resistencia democrática.
Al cumplirse un mes de la controversial elección del 30 de julio de los miembros de la Constituyente, Maduro dijo el miércoles que la “soberana” Asamblea trajo la paz para el país y afianzó la democracia, al convocar elecciones para gobernadores en octubre.
Maduro criticó que se le pretenda llamar “dictador”, ya que el país se prepara para las elecciones regionales en octubre y las presidenciales a fines de 2018.
“Pretenden quemarme en la hoguera. Qué dictadura ni dictadura, cuando venimos de una elección ejemplar del 30 de julio”, señaló.