Tras analizar cuatro décadas de la creación de leyes y organismos ambientalistas, la primera evaluación mundial en la historia sobre el estado del derecho ambiental reveló que la escasa aplicación de la legislación en la materia es una tendencia mundial que agrava estas amenazas.
El estudio y expertos en la materia coinciden en que para alcanzar los objetivos de los cientos de leyes, reglamentos y políticas nacionales que rigen el medio ambiente en todo el mundo se debe asignar prioridad absoluta al fortalecimiento del estado del derecho ambiental.
El relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, dijo que el informe revela "el misterio que entraña la persistencia de problemas tales como la contaminación, la reducción de la diversidad biológica y el cambio climático pese a la proliferación de leyes ambientales en los últimos decenios".
"A menos que se fortalezca el estado del derecho ambiental, incluso las normas aparentemente rigurosas están destinadas al fracaso y no se alcanzará el derecho humano fundamental a un medio ambiente saludable", enfatizó.
La directora ejecutiva adjunta de ONU-Medio Ambiente, Joyce Msuya, apuntó que se cuenta con un mecanismo "compuesto de leyes, reglamentos y organismos, para regir nuestro medio ambiente de manera sostenible", pero "la voluntad política resulta hoy esencial para garantizar que esas leyes actúen en favor del planeta".
"La primera evaluación mundial sobre el estado del derecho ambiental pone de relieve la labor de quienes se ubican del lado correcto de la historia -y la cantidad de naciones que son más fuertes y seguras en consecuencia-", sostuvo.
Según el informe, desde 1972 y gracias a la ayuda internacional numerosos países concertaron más de mil 100 acuerdos ambientales y decenas de leyes marco, pero ni la ayuda ni los presupuestos internos permitieron crear organismos sólidos para hacer cumplir leyes y reglamentos con efectividad.
Entre las causas para que esto ocurra se identifican la corrupción, la escasa coordinación entre organismos gubernamentales, la falta de acceso a la información, capacidad institucional debilitada y una participación cívica reducida.
El informe se publicó luego que especialistas y líderes políticos y económicos procuran abordar las negativas conclusiones publicadas en octubre por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, en el que se insta a adoptar medidas con rapidez para transformar la economía mundial a una velocidad y magnitud que "no tienen procedentes históricos documentados".
Desde 1972 existen acontecimientos positivos en materia ambiental, incluida la aprobación del derecho constitucional a un medio ambiente sano por parte de 88 países y la consagración de la protección del ambiente en las constituciones de otros 65.
También se establecieron más de 350 tribunales ambientales en más de 50 países y disposiciones legales sobre el derecho de los ciudadanos a la información medioambiental en al menos 60 países.
No obstante, el informe también da cuenta de la creciente resistencia a las leyes ambientales y situaciones preocupantes como hostigamiento, amenzas, detenciones arbitrarias y asesinato de los defensores del medio ambiente.
"Entre 2002 y 2013, 908 personas -entre ellas guardabosques, inspectores gubernamentales y activistas locales- fueron asesinadas en 35 países, y, solo en 2017, fueron asesinados 197 defensores del medio ambiente", detalló el informe.
El activista pro derechos indígenas y defensora del medio ambiente de Filipinas, Joan Carling, dijo que la penalización y los crecientes ataques a los defensores del medio ambiente son violaciones manifiestas al estado de derecho ambiental y una afrenta a los derechos y funciones de los pueblos indígenas y sociedad civil.
El presidente y director ejecutivo de la Fundación Leonardo DiCaprio, Terry Tamminen, denunció que en 2016 fueron asesinados más de 200 defensores del medio ambiente en 24 países y hubo hechos de intimidación y violencia que afectaron a muchos más, entre ellos, a miembros de pueblos indígenas.
Indicó que el informe "ayudará a mejorar el cumplimiento del derecho ambiental, que es fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos y constitucionales".
Según el documento, la presentación de informes periódicos sobre la calidad ambiental local, incluida la calidad del aire y el agua, contribuyen a alcanzar esos objetivos.
El ïndice de Democracia Ambiental detalló que solo 20 de los 70 países examinados, es decir, 28 por ciento, están clasificados como "buenos" o "muy buenos" en lo que respecta a la elaboración de un informe periódico completo y actualizado sobre el estado del medio ambiente.
El informe hizo hincapié en cuatro pasos para fortalecer el estado de derecho ambiental. A saber, la vinculación del derecho ambiental con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el fomento a la participación de diversos actores como organizaciones y personas vinculadas con dicha legislación.
Además, la evaluación periódica del estado de derecho ambiental, fundamental para comprender las tendencias, determinar innovaciones e intercambiar enseñanzas, y enfoques de pruebas piloto para que los encargados de adoptar decisiones y su personal pueden sentirse más seguros si ya fue probado antes.