En marzo de 2018, dicha mesa permanente presentó a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley de Identidad Género, la cual hasta el momento, según el activista Joshua Navas, no ha sido discutida ni estudiada por los diputados que integran la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género.
"La omisión de la comisión (de la Mujer) y respectivamente de la Asamblea Legislativa constituye una clara violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos", dijo Navas durante una conferencia de prensa virtual.
Indicó que el pasado 2 de julio las organizaciones presentaron una solicitud de información en el Congreso para conocer el estado del anteproyecto, pero hasta el momento no "hemos tenido ninguna comunicación oficial".
El activista subrayó que la ley de identidad de género es "fundamental para garantizar a las personas trans un nombre adecuado a su identidad y expresión de género".
Navas pidió al Parlamento que comparta toda la información sobre los avances en el estudio del anteproyecto y que se proteja y reconozca el derecho a la identidad de género con la aprobación de una ley acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
Para Kerlin Belloso, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), es "necesario y vital que se reconozca el derecho a la identidad de las personas trans para evitar que se les vulnere otros derechos humanos asociados a este".
"Es preocupante la falta de importancia que se le da a un tema tan vital como es el reconocimiento a contar con un nombre que identifique a las personas trans", manifestó.
Señaló que la falta de esta normativa "es una deuda que se trae desde varios años" y "no reconocer el derecho al nombre de las personas trans trae muchas consecuencias que afectan la vida y la dignidad de estás personas".
"Es preocupante el silencio de la Asamblea Legislativa", subrayó.
Las organizaciones de la comunidad por la diversidad sexual han reclamado durante años a los legisladores la creación de esta ley para tratar de reducir los niveles de discriminación que sufren hasta por funcionarios estatales.
Según los registros de las organizaciones sociales, entre las tres primeras ciudades de El Salvador, que son San Miguel, Santa Ana y la capital, existen aproximadamente 6.000 miembros de este colectivo.