La no profesionalización del cuerpo de bomberos, un problema añadido en Chile

Santiago de Chile, 7 feb (EFE).- El Gobierno chileno advirtió este martes a las empresas que les impondrá multas si obligan a sus trabajadores a abandonar su tarea como voluntarios del servicio de bomberos y les exigen reincorporarse a su puesto en medio de la actual ola de incendios, la más devastadora que padece Chile en décadas.

Una polémica que pone de relieve la problemática que existe en un país de economía ultraneoliberal en el que no hay un cuerpo nacional de bomberos profesional y donde gran parte de los servicios de esta naturaleza están privatizados.

Incluso la llegada el lunes de un avión Tanker-10 procedente de Estados Unidos de gran capacidad en la lucha contra el fuego fue posible por la intervención de una fundación, que ha asumido los grandes costos que genera.

“Queremos ser claros: el Código del Trabajo garantiza el derecho que tienen los bomberos de ausentarse de sus lugares de trabajo por el tiempo que duren las emergencias. No hay un tiempo máximo”, advirtió el ministro chileno de Trabajo, Giorgio Boccardo, en una entrevista con la radio local Biobio.

En este sentido, recordó, igualmente, que los voluntarios no deben tampoco devolver las horas de trabajo ni ver afectadas sus remuneraciones y avisó de que la Dirección del Trabajo velará por fiscalizar esta situación, protegiendo los derechos laborales de los empleados de las empresas que resultaron siniestradas.

Se multará a las empresas que pongan problemas a sus trabajadores que son voluntarios de Bomberos. “Es muy importante denunciar” a las empresas que no cumplan, subrayó.

Muchos de esos bomberos tuvieron incluso que desplazarse desde otras zonas del país, muchos de ellos desde la capital, situada a cerca de 600 kilómetros del foco ubicado más al norte.

Los incendios estallaron a finales de la semana pasada en las regiones de Ñuble, el Maule, Biobio y La Araucanía, todas situadas en el centro sur del país, y hasta la fecha han segado la vida de al menos 26 personas, generado más de 3.500 damnificados, dejado a más de un millar de personas sin hogar y arrasado más de 50.000 hectáreas en una zona de frondosos bosques que es el granero del país.

Además, cerca de una docena de personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el origen de algunos de los focos.

Ante la crisis, el Gobierno de Chile se vio empujado a pedir ayuda internacional, una llamada de auxilio a la que han respondido con celeridad países como España, México, Brasil y Argentina enviando personal y equipamiento especializado.