La Habana, agosto (SEMlac). - Las niñas continúan siendo el principal blanco de la trata de personas en Cuba, de acuerdo con el Informe sobre Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas y Protección a las Víctimas, correspondiente a 2022 y publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 15 de agosto.
Si bien el documento recoge que en el período fueron juzgados seis casos por delitos relacionados con la explotación forzada de las personas o la explotación de menores de edad, una cifra baja que además disminuye frente al año precedente (10), llama la atención que nuevamente son las niñas las más afectadas.
Los casos referidos en el informe igualmente son una muestra de violencia hacia las mujeres, pues las historias tras el hecho judicial hablan de coerción, explotación y abuso sexual.
Las seis víctimas identificadas son del sexo femenino (cinco de ellas menores de edad) y, en cinco de los expedientes llevados a la justicia, los acusados son hombres. Las sanciones penales establecidas para todos los victimarios estuvieron en el rango de cinco a 15 años de privación de libertad, precisa el reporte.
Ellas, más expuestas
La violencia que se ejerce contra las mujeres muestra su rostro en sucesos vinculados a la trata de personas o con rasgos típicos de esta, como evidencian los hechos relatados en el informe.
Desde una mujer que es forzada por su pareja a sostener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero, para luego exigirle la entrega del efectivo recibido; hasta un hombre que, tras haber abusado sexualmente de una menor, aprovecha el miedo que le infunde para exigirle que lo acompañe a la azotea de un edificio, la obliga a mantener sexo con cuatro hombres en contra de su voluntad y recibe dinero por ello; todas son caras de la violencia machista.
Otros sucesos ponen la mira sobre los riesgos en las relaciones que sostienen adolescentes con personas mayores, muchas veces con el consentimiento familiar, en las cuales ellas pueden terminar siendo víctimas de explotación sexual, como ocurrió en uno de los hechos llevados a la justicia cubana el pasado año.
Cuba mantiene una política de tolerancia cero respecto a cualquier modalidad de trata de personas y pone el énfasis en la prevención, mediante herramientas como el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas, actualizado para el periodo 2022-2024 y pendiente de aprobación por el Consejo de Estado.
Dicho instrumento permite coordinar las acciones entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil para el abordaje de este grave delito.
Además, promueve actividades enfocadas en la capacitación y continúa la cooperación y el intercambio oportuno de información con organizaciones internacionales, como la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el sistema de las Naciones Unidas y los organismos homólogos de países de la región y europeos.
El país es signatario de tratados internacionales contra la trata de personas, su Constitución ubica ese flagelo como un delito contra la dignidad humana y el ordenamiento jurídico vigente prevé las sanciones y procedimientos para atender los casos que surjan.
Asimismo, se brinda una atención especializada a las víctimas y se trabaja con quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, en particular niñas, niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.
Sin embargo, urge fortalecer la prevención y detección del fenómeno, así como visibilizarlo con enfoque de género y aumentar la percepción de riesgo en la población.
De ello da fe un estudio realizado por investigadoras del Ministerio de Justicia con jóvenes de tres provincias, presentado el pasado 21 de julio en la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), el cual arrojó que 50 por ciento de los entrevistados declaró tener poca información sobre el tema, en particular sobre los servicios de asistencia a las víctimas.
Otro aspecto apunta a incrementar la participación ciudadana en la alerta ante este delito y potenciar la capacitación entre los profesionales y trabajadores de entidades públicas y organizaciones no gubernamentales.
De acuerdo con el informe publicado por el Minrex, en 2022, de las 8.478 personas que se comunicaron por la línea telefónica única de la Fiscalía General de la República, ninguna denunció específicamente el delito de trata de personas, aunque por esta y otras vías el organismo conoció de 1.550 presuntas violaciones de los derechos de menores de edad y 296 de las mujeres.
Llama la atención que solo 789 casos motivaron el establecimiento de expedientes para su investigación.
Elevar la percepción de riesgo sobre la trata de personas es vital para su enfrentamiento, consideró el vicepresidente de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales, doctor Arnel Medina Cuenca, al intervenir en el taller efectuado en la ACNU, según reporte de la agencia Prensa Latina.
Del mismo modo en que debemos estar alertas ante los contratos de trabajo en el exterior y las distintas estrategias usadas para emigrar, también hay que poner atención a la explotación sexual y de trabajo que puede suceder a nuestro alrededor, pues la trata no se limita al escenario internacional, explicó.
Hay que entender el tema como un problema social, valoró el jurista, como un delito que puede ser nacional y transnacional, además de superar estereotipos de género y sociales, trabajar en la comunidad y luchar por el empoderamiento de las mujeres y las niñas para reducir la vulnerabilidad ante la trata.