Las cifras de seis meses de represión a las protestas antigubernamentales alcanzaron 512 muertos, cuatro mil 062 heridos, mil 428 secuestrados, más de 300 presos políticos y alrededor de 30 mil nicaragüenses que han huido del país para escapar de la violencia y persecución.
Aunque fue dado a conocer por organismos locales de derechos humanos locales a finales de septiembre pasado y no ha sido actualizado, el saldo de la represión en Nicaragua evidencia la urgente necesidad de solucionar la crisis, que inició con protestas contra la reforma al sistema de Seguridad Social.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, afirmó este jueves que “no vemos la salida” a la crisis, pues la represión gubernamental continúa, “no sabemos hasta cuándo podremos vivir en paz y reconstruir el país, moralmente destruido”.
Los grupos de derechos humanos locales e internacionales han emitido fuertes condenas al gobierno de Ortega por la severa represión contra los manifestantes desde que estallaron las protestas el 18 de abril, y más adelante han denunciado asesinatos, tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
Los manifestantes, que exigen la renuncia del presidente Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y todos aquellos que apoyan las protestas han enfrentado el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y de grupos paramilitares armados, que actúan con la anuencia del gobierno.
La pareja presidencial acusa a los manifestantes de ser “gente a la que se le paga” con la intención de llevar a cabo un golpe de estado y desestabilizar al país, y niega que se estén violando los derechos humanos de los nicaragüenses, a pesar de las denuncias al respecto.
A propósito de los seis meses de crisis, la comisionada Antonia Urrejola, relatora en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que el uso de la fuerza en contra de los manifestantes y la detención arbitraria de personas parece ahora “la regla general” en el país.
“Todas las situaciones que en un estado democrático de derecho deberían ser excepcionales, en Nicaragua son más bien la regla general. En ese sentido, uno puede decir que se vive un estado de excepción”, dijo Urrejola al periódico nicaragüense El Nuevo Diario.
La violencia que se produjo en algunos casos, en el marco de las protestas o de los tranques, que los manifestantes instalaron en las calles para protegerse de la represión, “no puede ser una excusa para el uso desproporcionado de la fuerza o para llevar a cabo juicios o arrestos sin las garantías propias”, fustigó.
Lamentó que después de seis meses de crisis no se haya podido observar ni un solo caso de investigación interna en la policía o en otras agencias estatales ni en ningún tribunal por los excesos del gobierno, a pesar de que están “claramente documentados”.
A mediados de mayo, representantes de la sociedad civil agrupados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) establecieron el Diálogo Nacional con el gobierno para buscar una solución con la mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN).
El diálogo fue suspendido una semana después por falta de consenso, luego se reanuda el 16 de junio, logrando varios acuerdos, la mayoría de los cuales fueron incumplidos por el gobierno, y vuelve a cancelarse el 25 de julio, cuando Ortega rechazó adelantar elecciones y llama “golpistas” a la oposición y los obispos.
Desde entonces el Diálogo Nacional está suspendido, sin embargo la Alianza Cívica y los obispos aún confían en que se reinicie este año y se logre un acuerdo político que incluya justicia, democracia y seguridad, pues este jueves aseguraron que la mejor salida a la crisis es la negociación no la confrontación.
Miembros de la alianza estimaron esta mañana que las presiones internas y externas sobre el gobierno, llevarán a Ortega a sentarse en la mesa del diálogo, aunque advirtieron que la sociedad civil no retomará las conversaciones si no se incluyen garantes internacionales.
El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la CEN, enfatizó por su parte que están en la disposición de seguir participando como mediadores del diálogo, pero que el gobierno no se ha pronunciado al respecto.