Moción del primer partido opositor de Sudáfrica para adelantar las elecciones

Johannesburgo, 5 dic (EFE).- El principal partido de la oposición en Sudáfrica, la liberal Alianza Democrática (DA, en inglés), presentó hoy una moción para la disolución de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento), que llevaría a unas elecciones anticipadas tras el escándalo de presunta corrupción que sacude al presidente del país, Cyril Ramaphosa.

"Llamamos al presidente Ramaphosa a promulgar y establecer fechas para unas elecciones anticipadas que se celebren en 2023", en vez de 2024, cuando están previstas, dijo en un comunicado difundido este lunes el líder del partido, John Steenhuisen.

"El CNA (Congreso Nacional Africano, partido gobernante) ha perdido en la práctica su mandato de 2019 para gobernar, que fue concedido por la promesa de Ramaphosa de limpiar el Estado y reformar la economía", añadió el líder opositor.

La DA tomó esta decisión tras la presentación el pasado miércoles de un informe parlamentario que estableció que Ramaphosa pudo haber violado varias leyes anticorrupción en el escándalo del robo millonario en su granja de Phala Phala (norte).

El informe fue elaborado por un panel independiente de tres miembros designado por el Parlamento el pasado agosto y liderado por el expresidente del Tribunal Constitucional Sandile Ngcobo que debía analizar la moción interpuesta contra Ramaphosa por el partido opositor Movimiento Africano de Transformación (ATM) en junio de este año.

El partido acusaba al presidente, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los integrantes del Gobierno desempeñar otras labores profesionales remuneradas, después de que Ramaphosa admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que la cantidad robada provenía de ese negocio (donde son habituales los pagos en efectivo) y no de una operación de lavado de dinero.

El panel señaló que, "a primera vista", el mandatario pudo haber cometido una "violación grave" de varias leyes anticorrupción, además de haber incurrido en "mala conducta grave" al exponerse a un "conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus asuntos privados", unas acusaciones que Ramaphosa negó rotundamente.

El artículo 89 de la Constitución permite la destitución de un presidente en ejercicio por motivos de una violación grave de la Carta Magna, mala conducta o incapacidad para desempeñar las funciones propias del cargo.

El abogado de Ramaphosa, Peter Harris, confirmó este domingo que el presidente impugnará el informe ante el Tribunal Constitucional, después de que sus aliados en el CNA lo disuadieran de dimitir, una posibilidad que parecía inminente el pasado jueves.

Frente a este movimiento, la DA acusó hoy al mandatario, que llegó al poder en 2018 con promesas de cambio, de usar las mismas tácticas de "prolongación de procesos legales" que su antecesor, Jacob Zuma, procesado en varias causas de corrupción.

El escándalo estalló el pasado junio, cuando el exjefe de la agencia de inteligencia del país, Arthur Fraser, interpuso una demanda contra el jefe de Estado, al que acusa de ocultar a la Policía y a la Hacienda sudafricanas un robo de casi 4 millones de euros en su granja de Phala Phala el 9 de febrero de 2020.

La Presidencia sudafricana ya negó en junio las acusaciones de Fraser y confirmó que se produjo un robo ese día, mientras Ramaphosa alegó en su respuesta a las preguntas del panel que la suma fue menor, de 580.000 dólares (alrededor de 550.000 euros).