Luego que la desaparición de Maldonado provocó una crisis política y tuvo repercusión internacional, el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri decidió incrementar el monto inicial de la recompensa, que era de 500 mil pesos (unos 30 mil dólares).
Maldonado, de 28 años, fue visto por última vez el pasado 1 de agosto durante una represión policial del cuerpo de Gendarmería a una comunidad indígena mapuche en la Patagonia.
Desde entonces, la familia del joven y los organismos de derechos humanos comenzaron movilizaciones para denunciar la desaparición y exigir respuestas por parte del gobierno.
El pasado viernes, decenas de miles de personas marcharon en Buenos Aires y en las principales ciudades del país para repetir una pregunta que ya tiene trascendencia internacional: “¿dónde está Santiago Maldonado?”.
En respuesta, Macri habló el martes del caso por primera vez para manifestar su “preocupación”, y pedir “prudencia”, pese a que fuentes oficiales han filtrado a la prensa múltiples pistas falsas para entorpecer la investigación.
También se reunió con los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a quien envió a la localidad patagónica en la que desapareció Maldonado.
Este miércoles, el funcionario rechazó las acusaciones sobre la lentitud con la que actuó el gobierno, aunque por primera vez reconoció que la hipótesis principal es que Gendarmería se llevó al joven.
Mientras Macri guardaba silencio, la posición más desafortunada fue la de la ministra de Seguridad, quien desde el primer momento defendió a la Gendarmería, negó que fueran responsables de la desaparición y hasta reveló la identidad de un testigo protegido.
En lugar de centrarse en la desaparición de Maldonado, Bullrich desvió la atención pública hacia una supuesta “violencia” de movimientos mapuches a los que calificó como “anarquistas”, “terroristas” y “separatistas”, y, sin sensibilidad alguna, acusó a los familiares del joven de no colaborar en la búsqueda.