“No tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos para defender a nadie que actúe fuera de la ley", advirtió el mandatario durante la apertura del congreso de la Asociación Empresaria Argentina.
También les aseguró a más de 200 hombres de negocios que "si alguno de ustedes se encuentra con un pedido indebido, acá tienen un presidente al cual acudir y a un equipo de gobierno ante el cual denunciarlo".
Macri se refirió así a una investigación que se ha convertido en uno de los casos de corrupción más importantes de la historia argentina y que involucra a exfuncionarios, empresarios y jueces.
La causa judicial que conmociona a los argentinos comenzó gracias a ocho cuadernos de Oscar Centeno, quien durante más de una década fue chofer de Roberto Baratta, uno de los exfuncionarios más influyentes de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015).
En esas páginas, que un amigo de Centeno entregó a un periodista de La Nación y este al fiscal Carlos Stornelli, el chofer registró, al mejor estilo de los servicios de espionaje, a dónde, cuándo y con quiénes llevaba a Baratta a recoger sobornos que los empresarios pagaban en efectivo.
De acuerdo con las anotaciones, Baratta recolectó durante más de una década unos 200 millones de dólares y la mayoría del dinero terminó en manos de los Kirchner.
Entre los acusados figura Ángelo Calcaterra, primo de Macri, quien se presentó ante el juez Claudio Bonadío con la garantía previa de que no lo iban a detener.
Calcaterra se limitó a declarar y, al igual que decenas de empresarios imputados, se victimizó y aseguró que fue presionado por el gobierno kirchnerista para aportar dinero de manera ilegal a campañas electorales.
La justicia, sin embargo, debe investigar si esos recursos en realidad fueron sobornos pagados por los empresarios para que el gobierno les otorgara millonarios contratos de obra pública, lo que los hace cómplices, no víctimas.
El caso puso a prueba las promesas de transparencia de Macri, ya que su primo quedó en libertad a pesar de haber confesado los delitos, gracias a que se acogió a la figura judicial del “arrepentido”.
Además, antes de que estallara este escándalo, el partido de Macri ya era investigado por haber anotado como donantes de sus campañas en 2015 y 2017 a personas pobres y beneficiarias de programas sociales que ni siquiera sabían que estaban en las listas de aportantes.