La Casa Blanca revirtió el fin de semana su postura original y condicionó su apoyo a un plan de protección para los "dreamers" -como se conoce a los beneficiarios del finalizado programa DACA- a que el Congreso apruebe en su totalidad los fondos para el muro, reforme el sistema de asilo y restrinja la migración legal, entre otras medidas.
“Las propuestas (...) son basura. Son inaceptables para los 'dreamers' y para aquellos que pelean por ellos y opuestos por una mayoría de los estadunidenses y son un anatema a los valores de Estados Unidos”, dijo Pelosi en rueda de prensa ofrecida en el Capitolio.
Aunque Pelosi dijo el mes pasado, después de una cena del liderazgo demócrata con el presidente en la Casa Blanca, que Trump se comprometió a apoyar la iniciativa de Ley Dream si llegaba a su escritorio, funcionarios aclararon que no está interesado en darles la ciudadanía.
La líder de los demócratas encabezó una nueva jornada de movilizaciones de 'dreamers' y sus familias que buscan sensibilizar a los legisladores sobre la importancia de aprobar la llamada iniciativa de Ley Dream, que legaliza a los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y les abre una ruta a la ciudadanía.
Lenka Mendoza, madre de un 'dreamer' y de una ciudadana estadunidense, apeló a los legisladores para dejar atrás sus diferencias y aprobar una legislación que proteja a los jóvenes de manera permanente.
“No vamos a permitir que el gobierno acabe con los sueños de nuestros hijos mientras intentan separar a nuestras familias”, señaló. “Las supuestas prioridades de Trump y de su gobierno no son más que una agenda antiinmigrante y de supremacía blanca que no soluciona nada".
La Casa Blanca divulgó su lista de “prioridades legislativas” que incluye además del muro, cambios para facilitar la deportación de niños migrantes centroamericanos, una ofensiva contra quienes rebasen los términos de su visa y más recursos para detenciones y deportaciones migratorias.
La lista la completan una reforma al sistema de asilo para evitar fraudes, la obligatoriedad del programa de verificación laboral “E-Verify”, combate a "ciudades santuario" y más fondos para el cumplimiento de leyes migratorias en el interior de Estados Unidos.