La Comisión de Investigación Independiente de las Naciones Unidas señaló en un comunicado que "algunas de esas violaciones pueden constituir crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, y deben ser investigados inmediatamente por Israel".
Indicó que “más de seis mil manifestantes desarmados fueron disparados por francotiradores militares, semana tras semana, en los sitios de protesta cerca de la valla de separación”.
Se "ha encontrado motivos razonables" para creer que algunos de los efectivos israelíes en su respuesta a las manifestaciones "mataron e hirieron a civiles que no estaban participando directamente en las hostilidades, ni representaban una amenaza inminente", agregó.
"A menos que se realice legalmente en defensa propia, disparar intencionalmente a un civil que no participa directamente en hostilidades es un crimen de guerra", destacó la ONU.
Desde el inicio de las protestas a finales de marzo hasta el 31 de diciembre de 2018, un total de 189 palestinos fueron asesinados, 183 de ellos murieron por impactos de bala, entre ello 35 eran niños, dos efectivos de emergencia y dos periodistas, añadió.
En una reacción inmediata al informe, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, de Israel, Israel Katz, emitió un comunicado en el que afirmó que el "Teatro del Absurdo del Consejo de Derechos Humanos ha producido otro informe hostil, falso y sesgado contra el Estado de Israel".
"Israel rechaza de plano el informe. Nadie puede negar el derecho de Israel a la defensa propia y su deber de proteger a sus residentes y sus fronteras de ataques violentos", afirmó Katz.
El canciller israelí acusó al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de ser responsable de los hechos por "empujar a los residentes de Gaza a las vallas, incluidos mujeres y niños" y tener como objetivo "la destrucción del Estado de Israel".