Quito, noviembre (SEMlac).- Cerca de 5.000 denuncias de violencia contra mujeres se realizaron en Ecuador durante el último año, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ello significa que seis de cada 10 casos de maltrato corresponden a algún tipo de violencia de género.
De acuerdo con investigaciones de varias instituciones, entre las que figuran el Consejo de la Judicatura y la Unidad Especializada contra la Violencia y la Familia, la más frecuente es la violencia psicológica, una de las más difíciles de identificar y penalizar.
Aunque las denuncias han aumentado, especialmente por la necesidad de evidenciar esta forma de maltrato, aún persiste el temor entre las agredidas, por lo que a nivel nacional se unen los esfuerzos de diversas entidades para capacitar a entes jurídicos y la sociedad civil en general.
Entre las iniciativas nacionales en la lucha contra la violencia de género resaltan acciones recientes como la capacitación a legisladores, así como proyectos escolares con enfoque de género y de seguridad ciudadana.
También la inclusión, por primera vez en el país, de la figura de feminicidio en el Código Integral Penal, con penas de 22 y 26 años de prisión para quienes cometan este tipo de delito, calificado de crimen contra una mujer por el hecho de serlo o por su género.
Desde el ámbito judicial, este recurso legal establece una protección más amplia para las personas que sufren cualquier tipo de agresión, desde la física hasta la psicológica, y condenas de privación de libertad de siete a 30 días, que se extienden a 40 en el caso de embarazadas y adultos mayores; además de la respectiva indemnización para las víctimas.
Junto a las acciones formales desde la institucionalidad jurídica, varias organizaciones se suman al esfuerzo por minimizar el impacto de la violencia, como la Fundación María Amor, que acoge a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y se han visto obligadas a abandonar sus hogares.
Según Marlene Villavicencio, citada por el periódico El Comercio en su edición del 11 de septiembre de 2014, toda mujer que abandona su casa, siente que su vida está en peligro, aunque en varias ocasiones regresa a la situación de la que salió temporalmente y ha habido casos incluso en que han sido asesinadas por sus parejas.
Las redes de apoyo social para la prevención de la violencia de género son también objetivo de las instituciones, así como proyectos para capacitar y fomentar la seguridad ciudadana en general y de las mujeres y niñas en particular.
Ese es el caso del proyecto Ciudades Seguras, liderado por ONU Mujeres en Ecuador, y que tiene la intención de convertir los espacios públicos en sitios libres de violencia.
Desde hace varios años, en Ecuador se han dado pasos en función de garantizar derechos a las mujeres, especialmente en el tema de la NO violencia.
Con este objetivo, en 2007 se promulgó el Decreto Ejecutivo 620, que declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres.
Para convertirlo en hecho, en el mismo año se formuló el "Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género", al que se sumaron varias entidades gubernamentales, como los ministerios del Interior, de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, de Salud Pública, de Educación, y el de Inclusión Económica y Social, entre otras.
Como parte de ese plan nacional, se lanzó además la campaña "Ecuador Actúa ya. Violencia de Género, ni más", en la que participan el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Asamblea Nacional y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Con mucho por hacer todavía en función de la igualdad genérica, este país andino ha comenzado a implementar estrategias desde diversos sectores sociales, con apoyo gubernamental y diversas organizaciones, para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Por Karina Escalona
De acuerdo con investigaciones de varias instituciones, entre las que figuran el Consejo de la Judicatura y la Unidad Especializada contra la Violencia y la Familia, la más frecuente es la violencia psicológica, una de las más difíciles de identificar y penalizar.
Aunque las denuncias han aumentado, especialmente por la necesidad de evidenciar esta forma de maltrato, aún persiste el temor entre las agredidas, por lo que a nivel nacional se unen los esfuerzos de diversas entidades para capacitar a entes jurídicos y la sociedad civil en general.
Entre las iniciativas nacionales en la lucha contra la violencia de género resaltan acciones recientes como la capacitación a legisladores, así como proyectos escolares con enfoque de género y de seguridad ciudadana.
También la inclusión, por primera vez en el país, de la figura de feminicidio en el Código Integral Penal, con penas de 22 y 26 años de prisión para quienes cometan este tipo de delito, calificado de crimen contra una mujer por el hecho de serlo o por su género.
Desde el ámbito judicial, este recurso legal establece una protección más amplia para las personas que sufren cualquier tipo de agresión, desde la física hasta la psicológica, y condenas de privación de libertad de siete a 30 días, que se extienden a 40 en el caso de embarazadas y adultos mayores; además de la respectiva indemnización para las víctimas.
Junto a las acciones formales desde la institucionalidad jurídica, varias organizaciones se suman al esfuerzo por minimizar el impacto de la violencia, como la Fundación María Amor, que acoge a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y se han visto obligadas a abandonar sus hogares.
Según Marlene Villavicencio, citada por el periódico El Comercio en su edición del 11 de septiembre de 2014, toda mujer que abandona su casa, siente que su vida está en peligro, aunque en varias ocasiones regresa a la situación de la que salió temporalmente y ha habido casos incluso en que han sido asesinadas por sus parejas.
Las redes de apoyo social para la prevención de la violencia de género son también objetivo de las instituciones, así como proyectos para capacitar y fomentar la seguridad ciudadana en general y de las mujeres y niñas en particular.
Ese es el caso del proyecto Ciudades Seguras, liderado por ONU Mujeres en Ecuador, y que tiene la intención de convertir los espacios públicos en sitios libres de violencia.
Desde hace varios años, en Ecuador se han dado pasos en función de garantizar derechos a las mujeres, especialmente en el tema de la NO violencia.
Con este objetivo, en 2007 se promulgó el Decreto Ejecutivo 620, que declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres.
Para convertirlo en hecho, en el mismo año se formuló el "Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género", al que se sumaron varias entidades gubernamentales, como los ministerios del Interior, de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, de Salud Pública, de Educación, y el de Inclusión Económica y Social, entre otras.
Como parte de ese plan nacional, se lanzó además la campaña "Ecuador Actúa ya. Violencia de Género, ni más", en la que participan el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Asamblea Nacional y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.
Con mucho por hacer todavía en función de la igualdad genérica, este país andino ha comenzado a implementar estrategias desde diversos sectores sociales, con apoyo gubernamental y diversas organizaciones, para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Por Karina Escalona