La acusación contra Humala y la ex primera dama fue presentada por el fiscal Germán Juárez Atoche por el presunto delito de lavado de activos en criminalidad organizada por la recepción de dinero ilícito de Odebrecht para sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Juárez Atoche, quien es integrante del equipo que investiga del escándalo de Odebrecht, que también involucra a otros ex presidentes de Perú, reveló que el expediente de la acusación está incluido en siete tomos y más de mil 500 páginas.
"El Partido Nacionalista también está incluido como imputado", destacó el fiscal,en declaraciones a la prensa a su llegada a la sede del Poder Judicial,según un reporte de la edición electrónica del diario local El Comercio.
Después de más de cuatro años de investigación, el Ministerio Público presentó la acusación contra la ex pareja presidencial y un grupo de personas, quien se presume habrían intervenido en el ocultamiento de más de tres millones de dólares entregados por Odebrecht, así como de otros ingresos provenientes de la minería ilegal.
Entre las modalidades detectadas por la fiscalía se encuentra "el pitufeo", actividad que radica en hacer depósitos de dinero en varios montos para que no puedan ser detectados por los fiscalizadores bancarios, además de que habrían sido vía cobros por informes o actividades profesionales que nunca realizaron.
De acuerdo con las alegaciones de la Fiscalía el dinero de procedencia ilícita habría ingresado a las cuentas del Partido Nacionalista Peruano y otras de los Humala-Heredia.
“Los argumentos que ha presentado han sido catalogados como sólidos. Y es que, en su tesis fiscal no solo están apuntando al ocultamiento del dinero y la forma irregular en que han sido ingresado al sistema electoral y económico; sino que su acusación se sustenta en una condena a futuro ‘por indicios’”, apuntó El Comercio.
La formalización de la acusación es la etapa intermedia del proceso que ahora deberá ser analizado por Richard Concepción Carhuancho, quien es el juez de garantías, en los próximos días una audiencia de control para que el caso pase a una sala de juzgamiento, en caso de que se declara procedente la acusación.