Dallas, 29 Ago (Notimex).- El extesorero del norteño estado mexicano de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, preso desde febrero pasado en una cárcel de Texas, se comprometió a entregar 6.5 millones de dólares que obtuvo de manera ilícita, informaron hoy autoridades.
La Oficina de la Procuradora del Condado de Bexar precisó que Villarreal, quien dejó la tesorería estatal de Coahuila en 2011, acordó renunciar o dejar de reclamar el dinero que los fiscales del condado y autoridades federales y estatales buscaron decomisar.
Sin embargo, bajo los términos del acuerdo, Villarreal no se declara culpable de ninguno de los delitos de los que se le acusa.
La procuradora del Condado de Bexar, Susan Reed, dijo que el dinero se repartirá entre su oficina y la Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Oficina del procurador general de Texas.
De acuerdo con las autoridades, Villarreal recabó los fondos durante su etapa como tesorero de Coahuila a través de sobornos procedentes de empresas que recibieron contratos estatales.
Según las autoridades, Villarreal usó el dinero para comprar propiedades en San Antonio y en otros lugares.
El dinero también fue lavado mediante el uso de sociedades de responsabilidad limitada para comprar propiedades y fue trasladado a Las Bermudas mediante cuentas bancarias en Texas.
Villarreal se entregó en forma voluntaria a las autoridades estadunidenses en febrero pasado en uno de los cruces internacionales de la frontera de El Paso y desde entonces permanece preso en una cárcel federal de San Antonio en espera de ser juzgado por lavado de dinero.
En noviembre de 2013, Villarreal junto con el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, fue acusado ante una corte federal de delitos financieros.
La acusación señaló que desde 2008, Villarreal y otros condujeron “transacciones financieras relacionadas con el producto de una actividad ilegal”.
Según la acusación, el producto en cuestión implicó la importación, venta y distribución de sustancias controladas; soborno de un funcionario público; malversación de fondos públicos y fraude electrónico.
La acusación alegó también que, como parte del esquema, el acusado transfirió fondos dentro y fuera de los Estados Unidos para ocultar y disfrazar su naturaleza, el origen y la propiedad de los fondos procedentes de actividades delictivas.
De acuerdo con la Oficina del procurador federal, de ser declarado culpable Villarreal enfrentará un castigo de hasta 20 años de cárcel.
La Oficina de la Procuradora del Condado de Bexar precisó que Villarreal, quien dejó la tesorería estatal de Coahuila en 2011, acordó renunciar o dejar de reclamar el dinero que los fiscales del condado y autoridades federales y estatales buscaron decomisar.
Sin embargo, bajo los términos del acuerdo, Villarreal no se declara culpable de ninguno de los delitos de los que se le acusa.
La procuradora del Condado de Bexar, Susan Reed, dijo que el dinero se repartirá entre su oficina y la Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Oficina del procurador general de Texas.
De acuerdo con las autoridades, Villarreal recabó los fondos durante su etapa como tesorero de Coahuila a través de sobornos procedentes de empresas que recibieron contratos estatales.
Según las autoridades, Villarreal usó el dinero para comprar propiedades en San Antonio y en otros lugares.
El dinero también fue lavado mediante el uso de sociedades de responsabilidad limitada para comprar propiedades y fue trasladado a Las Bermudas mediante cuentas bancarias en Texas.
Villarreal se entregó en forma voluntaria a las autoridades estadunidenses en febrero pasado en uno de los cruces internacionales de la frontera de El Paso y desde entonces permanece preso en una cárcel federal de San Antonio en espera de ser juzgado por lavado de dinero.
En noviembre de 2013, Villarreal junto con el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, fue acusado ante una corte federal de delitos financieros.
La acusación señaló que desde 2008, Villarreal y otros condujeron “transacciones financieras relacionadas con el producto de una actividad ilegal”.
Según la acusación, el producto en cuestión implicó la importación, venta y distribución de sustancias controladas; soborno de un funcionario público; malversación de fondos públicos y fraude electrónico.
La acusación alegó también que, como parte del esquema, el acusado transfirió fondos dentro y fuera de los Estados Unidos para ocultar y disfrazar su naturaleza, el origen y la propiedad de los fondos procedentes de actividades delictivas.
De acuerdo con la Oficina del procurador federal, de ser declarado culpable Villarreal enfrentará un castigo de hasta 20 años de cárcel.