Madrid, 28 mar (EFE).- El plan de choque del Gobierno español contempla 16.000 millones de euros (unos 17.586 millones de dólares) para paliar las consecuencias económicas de la invasión rusa en Ucrania -con medidas como bonificaciones en el precio del carburante, el incremento de ayudas sociales y más créditos subvencionados para empresas-, y de los 10.000 millones corresponden a avales de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
"No vamos a permitir que la guerra trunque la recuperación" tras la pandemia, subrayó este lunes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la presentación de este plan a aplicar del 1 de abril al 30 de junio.
Unas medidas que algunos sectores consideran insuficientes y reclaman que sean estructurales en vez de coyunturales, pues el aumento de costes en carburantes o electricidad viene de muchos meses atrás, aunque la guerra en Ucrania lo haya agudizado.
PROTEGER LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
"La guerra de Putin y sus consecuencias no están en mano de ningún gobierno", advirtió el presidente en la presentación en Madrid de un plan que tiene previsto aprobar este martes su Gobierno.
Sánchez destacó que el objetivo es apoyar a los más vulnerables y proteger la recuperación económica ante los efectos de la covid-19.
La mayor cuantía corresponde a una nueva línea de avales en préstamos del ICO por 10.000 millones de euros, "para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal de la energía y combustibles".
Otros 6.000 millones de euros son ayudas directas, rebajas de impuestos o para la bonificación con un mínimo de 20 céntimos de euro en la compra de cada litro de carburante tanto a particulares como a profesionales, de los cuales 15 los aporta el Estado y el resto las petroleras.
Esta medida fue avanzada el pasado viernes tras una larga reunión con el sector del transporte de mercancías por carretera, en el que un colectivo minoritario, en cuanto a la representación en las patronales y asociaciones, mantiene desde hace quince días una huelga en demanda de ayudas, mientras que los representantes del sector que se reunieron con el Ejecutivo acepta esa bonificación y espera que desde este lunes se vaya recuperando el abastecimiento en sectores como el agroalimentario, la automoción o la siderurgia.
En energía, destacan la fijación de un tope para el precio del gas que se usa para generación eléctrica y una actualización del sistema de retribución para las renovables que supondrá un ahorro estimado de 1.800 millones de euros, con los que Sánchez confía en que se rebajen "significativamente" los precios de la electricidad "de forma inmediata".
Los precios han aumentado considerablemente desde hace meses, alcanzando récords en España, los que se han agudizado las últimas semanas por los efectos en el coste de la energía tras la invasión rusa en Ucrania.
El presidente también anunció un nuevo plan de ciberseguridad, con 1.000 millones de euros, que fortalecerá la seguridad de las nuevas redes de comunicaciones electrónicas 5G en “servicios imprescindibles” como transporte, energía, o sanidad.
Otras medidas son limitar la subida de los alquileres de viviendas al 2 %, incrementar un 15 % el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda para personas con rentas bajas, y extender el bono eléctrico social a otras 600.000 familias, con lo que llegará a casi dos millones de hogares.
El plan incluye ayudas específicas para sectores como el transporte, el agrario y pesquero, que junto a sindicatos, asociaciones de consumidores y otros colectivos se han manifestado en España ante el encarecimiento del coste de la vida.
INSUFICIENTE PARA ALGUNOS
La iniciativa del Gobierno recibió apoyos como el de su socio de coalición Unidas Podemos (izquierda radical), tras los últimos desencuentros dentro del Ejecutivo, e incluso el conservador Partido Popular, principal fuerza de oposición, mostró su disposición a colaborar.
Otros como la formación vasca independentista EH Bildu, que puntualmente apoya al Gobierno, la consideran una "medida paliativa" y demandan otras "estructurales".
El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, uno de los principales sindicatos del país, reclamó un paquete "mucho más ambicioso" de contención de los precios y de protección social.
"Absolutamente insuficientes", a juicio de la asociación de consumidores Facua, que junto a organizaciones de trabajadores autónomos ve escasas ayudas como los 20 céntimos por litro de carburante.