Brasilia, 26 ago (EFE).- El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Ricardo Pérez Manrique, alertó en una entrevista con Efe del riesgo que entraña la judicialización de la política y también la politización de los tribunales.
"Hay algo que no está bien cuando esas cosas pasan" y puede poner en juego hasta a la misma democracia, dijo en una entrevista con Efe este jurista uruguayo, quien desde enero pasado preside la CorteIDH, que esta semana realizó un período de sesiones en Brasilia.
Pérez Manrique indicó que, en varios países de América Latina, "ha pasado a ser un tema de debate que el Estado de derecho requiere de una absoluta separación de poderes" y que tiene como "requisito trascendental la independencia y la imparcialidad de los sistemas judiciales".
En su opinión, en los tiempos actuales, en que aparecen algunas "tendencias autoritarias" pero también ciertos procesos "inversos a la cooperación multilateral entre las naciones", se deben potenciar las que él llama "las 3 D: democracia, desarrollo sustentable y derechos humanos".
Eso, por "la importancia de la democracia" para los ciudadanos, para "garantizar que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas sin comprometer la vida del planeta" y, además, sobre la base de que "un medioambiente sano y saludable es un derecho humano", como lo han consagrado las Naciones Unidas.
Pérez Manrique consideró que "el tema del cambio climático aún no ha sido visto con la especial trascendencia que tiene" y citó como ejemplos el hecho de que "países insulares tengan un riesgo de subsistencia" por el aumento de los niveles del mar y la aparición de los "desplazados ambientales" en el mundo, como nuevo fenómeno.
El jurista uruguayo sostuvo que el futuro dependerá tanto de la "responsabilidad de los Estados" como de las personas, pero también de "las empresas, que son grandes jugadores en este terreno", en el que lo que se debate es "el propio derecho a la supervivencia".
En ese sentido, indicó que la CorteIDH ya ha emitido algunas "opiniones consultivas" sobre esos asuntos y que mantiene canales de diálogo con los sistemas judiciales nacionales en torno a esas preocupaciones.
LAS LIBERTADES Y LAS REDES SOCIALES
Pérez Manrique también metió el dedo en otra llaga actual, como es la expansión de las redes sociales, su creciente influencia en las sociedades y el debate que existe en toda América Latina y el mundo en torno a posibles regulaciones.
"Desde la aparición de los primeros correos electrónicos hasta el metaverso de hoy se ha recorrido un largo camino", pero, en su opinión, "el principio debe ser que en el mundo virtual deben regir las mismas reglas del mundo real".
Pérez Manrique recordó que "cuando surgió internet se decía que era como una gran plaza pública que permitía que cada uno expresara sus ideas, pero en una plaza pública puedo decir lo que quiero siempre que sea sin insultar, sin agredir o sin desnudarme".
El problema, dijo, radica en que en las plazas públicas "había un guardián", pero en las redes sociales esa figura no existe y además están plagadas de personas que ni siquiera pueden ser identificadas.
"El gran desafío que presenta esto es, por un lado, la invisibilidad de muchos actores, pero por otro aquellos que ejercen un enorme poder, que son grandes plataformas digitales, y quienes hacen de su negocio la transmisión de datos", señaló.
Apuntó que "como esos actores tienen dimensión global" y operan en "un mundo en el que no hay una gobernanza global ni quien ponga orden", surgen situaciones en las que los países "deben intervenir" desde el punto de vista nacional pero "sin respuestas globales" para fenómenos que trascienden sus propias fronteras.
"En un momento se habló de autorregulación", pero "ahora hay una tendencia adversa que dice que eso falló y que entonces hay que regular, pero no sabemos quién regula ni si cada uno lo hace a su manera", apuntó.
Según el jurista uruguayo, ese es uno de los grandes "desafíos" de las sociedades actuales y el mundo del derecho no puede quedar al margen del debate.
Sin llegar a dictar sentencia, planteó una pregunta: "¿El tema de los algoritmos y estas nuevas formas de comunicación y emisión del pensamiento debe estar exclusivamente en manos particulares sin ningún control jurídico?".
Y agregó, también en tono de interrogante: "¿Es también un tema exclusivo de ingenieros o tenemos que involucrarnos los abogados, para juntar a la ciencia con el mundo del derecho para ver a dónde llegamos?".