El gobierno civil birmano reúne 180.000 pruebas de abusos de la junta militar

Bangkok, 7 abr (EFE).- El denominado "gobierno civil" de Birmania ha reunido 180.000 pruebas de los brutales abusos cometidos desde el golpe de Estado por el Ejército, que este miércoles mató a al menos once civiles al disparar munición real contra las manifestaciones.

Las atrocidades cometidas por los militares serán uno de los asuntos de la reunión prevista hoy (no se ha hecho público el lugar) del equipo legal del Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión (CRPH) - nombre oficial del autodenominado gobierno legítimo - con investigadores de la ONU.

El abogado español Álvaro Nistal lidera el equipo del despacho Volterra Fietta -con sede en Londres- que tratará en nombre del CRPH posibles modalidades de diálogo y cooperación con los responsables del Mecanismo de Investigación Independiente para Birmania (IIMM, siglas en inglés), con sede en Ginebra, sobre la brutalidad de los militares.

Se trata de la primera de una serie de comunicaciones que el gobierno civil birmano planea con organizaciones pro derechos humanos vinculadas a la ONU, según indicó en un comunicado Dr Sasa, enviado especial del CRPH ante la ONU que actúa como portavoz del gobierno paralelo.

El CRPH, formado por parlamentarios electos depuestos por la junta militar, anunció en marzo la contratación del bufete Volterra Fietta para llevar a cabo procedimientos legales "contra el régimen militar inconstitucional e ilegítimo", sin especificar ante qué corte quiere presentar las denuncias.

Entre los supuestos delitos cometidos por los uniformados figuran más de 540 asesinatos extrajudiciales, incluidas la muerte de 10 prisioneros políticos cuando se encontraban bajo custodia, detenciones ilegales y torturas a los detenidos.

El Gobierno civil también denuncia el acoso y detención de periodistas, miembros de empresas de comunicación y fotógrafos, además de la restricción del acceso de internet.

La brutal represión ejercida por policías y soldados contra manifestantes desarmados contrarios al golpe de Estado militar tiñe de sangre a diario las calles del país, y ha dejado al menos 581 muertos, aunque no ha logrado detener al movimiento disidente.

REPRESIÓN DE LAS PROTESTAS
Estas estadísticas de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) no incluyen las once personas asesinadas hoy por las fuerzas de seguridad, que cargaron con munición real contra una protesta en la provincia central de Sagaing.

Entre los muertos se encuentran manifestantes y al menos una transeúnte que no participaba en la protesta en la localidad de Kale, en una jornada en la que también tuvieron lugar movilizaciones en Mandalay, la segunda ciudad más poblada, donde centenares de personas apoyaron al movimiento de desobediencia civil que pone en jaque el funcionamiento de la Administración.

El general golpista Min Aung Hlaing, al frente de la junta militar, acusó a los disidentes de tratar de "destruir" la economía de Birmania e "interrumpir" el funcionamiento de hospitales, escuelas y fábricas, durante un discurso que recoge hoy el diario oficialista "The New Light of Myanmar".

RIESGO DE GUERRA CIVIL
La continua tensión llevó al grupo Finch Solutions de asesoría de riesgos a advertir hoy de que la "crisis política de Birmania persistirá en los próximos años" y que existe el riesgo de una guerra civil por el control del país entre el Tatmadaw (nombre del Ejército birmano) y los disidentes apoyados por algunos de los grupos étnicos armados.

Sobre la capacidad de la comunidad internacional para contribuir a una solución, considera que "es improbable que la presión occidental por sí sola restaure la democracia en Birmania".

Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido han sido hasta el momento los que más firmes se han mostrado con los militares, con el anuncio de varias sanciones, mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU se ha limitado a condenar la violencia sin denunciar a los militares ni proponer sanciones.

El principal obstáculo a una posición más contundente parece ser la posición de dos de los miembros permanentes, China y Rusia, quien criticó ayer los posibles efectos nocivos de las sanciones sobre la situación en Birmania.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó a la agencia Interfax que "la política de amenazas y la presión, que incluye el empleo de sanciones contra las autoridades birmanas en ejercicio, son en extremo peligrosas y empujan al país a una guerra civil".

"En esencia, esta línea de conducta azuza a las partes y, a fin de cuentas, empuja a los birmanos a un conflicto civil a escala total. Consideramos que este tipo de medidas coercitivas adoptadas de manera arbitraria son contraproducentes y tienen un efecto desestabilizador en el sistema de las relaciones internacionales", dijo el portavoz.

El Ejército justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido liderado por la nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, aunque las elecciones que fueron consideradas legítimas por observadores internacional.