Madrid, 19 oct (EFE).- Las nuevas generaciones de jóvenes vascos crecen, diez años después del fin de la violencia de ETA, alejadas de los traumas que marcaron a la generación anterior, a pesar de que las siglas de la organización terrorista siguen presentes en el debate político del País Vasco y del resto de España.
Como ejemplo, una encuesta realizada a universitarios vascos en 2017 reveló que el 47 % de ellos desconocía quién era Miguel Ángel Blanco, un joven concejal asesinado en 1997 por ETA tras mantenerlo secuestrado 48 horas, lo que movilizó como nunca a la sociedad española e hizo que la banda perdiera apoyo social.
Y más de la mitad de esos jóvenes (56 %) no sabía nada de la bomba que ETA puso en un gran centro comercial en Barcelona en 1987, que causó 21 muertos, el atentado más sangriento de todos los que cometió.
El 20 de octubre de 2011 ETA anunciaba "el cese definitivo" de su actividad terrorista después de más de cincuenta años de actividad terrorista y 858 asesinatos a sus espaldas.
Pero diez años después, el desempleo y la crisis económica centran las preocupaciones de los vascos, después de haber apartado de sus vidas el miedo a la violencia.
CONOCER PARA NO OLVIDAR
La principal reivindicación de las víctimas y de la clase política es el respeto a las personas que sufrieron el azote del terrorismo y para ello, reivindican que no se les olvide.
Con este fin, se han puesto en marcha iniciativas para explicar en las aulas a jóvenes y adolescentes qué pasó con la banda terrorista, con proyectos como "Memoria y prevención del terrorismo", proyecto conjunto del Ministerio de Educación y el del Interior.
En el País Vasco, origen de la banda terrorista, desde 2011 está en marcha una experiencia en la que victimas de ETA y de otros grupos terroristas acuden a las aulas para expresar su testimonios, que ya han conocido más de 6.000 jóvenes.
Estos testimonios cambian su mirada: pasan de ver una realidad lejana y en blanco y negro a sentir empatía por las víctimas, conocer el contexto y, al final, salir de su estupor: "¿Esto pasó?", se preguntan.
LA VIDA COTIDIANA SE IMPONE
Tras el fin de ETA, el País Vasco salió con fuerza de la crisis económica de esos años, aupada por una estructura económica basada en la industria y con ayuda de otros sectores que se vieron impulsados por la desaparición de la violencia, como el turismo, que en esta década arrojó datos récord año tras año hasta el parón por la covid-19.
La recuperación económica pasó al primer plano, mientras que otras cuestiones como el terrorismo o el autogobierno, se fueron enfriando.
De hecho, según el último Sociómetro -una prospección sociológica que realiza el Gobierno Vasco- el 41 % de los vascos se muestran abiertamente en contra de la independencia, mientras que el 32 % podría estar a favor "según las circunstancias" y solo el 21 % está totalmente de acuerdo.
Sin embargo, en la encuesta de 2013, la primera que se hizo tras el anuncio de ETA, el 27 % de los vascos se declaraban abiertamente independentistas y el 30 % se mostraba en desacuerdo, según los datos del Gobierno Vasco.
EL TERRORISMO EN LA LUCHA PARTIDISTA
Otro signo de "normalización" es la participación plena de la izquierda radical en la vida política, a través de EH Bildu, años atrás considerada el brazo político de ETA.
En esta década, EH Bildu se consolidó como primera fuerza de la oposición en el País Vasco, con 21 escaños en las últimas elecciones regionales.
Y no solo ejerce un papel fundamental en la política vasca, sino que también decidió jugar la partida en el Congreso español, donde sus cinco diputados apoyan en numerosas ocasiones al Gobierno, junto a otros grupos nacionalistas.
Desde los partidos de izquierda, tanto los socialistas como sus socios de gobierno de Unidas Podemos, saludan esta apuesta del independentismo radical por ejercer la política en las instituciones y ayer se congratularon por la declaración del dirigente de EH Bildu Arnaldo Otegi, en la que afirmaba que sentían "el dolor" de las víctimas y afirmaban que "el mismo nunca debió haberse producido".
No obstante, desde el Ejecutivo, su portavoz, Isabel Rodríguez, les reclamó hoy que condenen la actuación de la banda y que no participen en homenajes a los terroristas condenados.
Desde el conservador Partido Popular (PP), principal grupo de oposición, consideran que la declaración de Otegi es un "blanqueamiento" político y exigen que condenen expresamente el terrorismo.