Maldonado desapareció el pasado 1 de agosto durante una represión policial del cuerpo de Gendarmería en una comunidad indígena mapuche en la provincia de Chubut, ubicada en la Patagonia.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió desde el primer momento a los gendarmes, justificó la represión, acusó a los mapuches de violentos, anárquicos y separatistas y denunció que la familia del joven no quería colaborar con su búsqueda.
Funcionarios del Ministerio de Seguridad y de las fuerzas policiales contaminaron la investigación al difundir múltiples y falsas versiones sobre el paradero del joven, incluidas fotos de hombres parecidos a él ubicados en otras provincias.
Simpatizantes del gobierno, además, comenzaron campañas en las redes en las que aseguraron que Maldonado fue “escondido” por opositores kirchneristas para afectar al macrismo con miras a las elecciones legislativas de octubre próximo.
Hasta ahora, el gobierno se ha resistido a reconocer que Maldonado es víctima de una desaparición forzada, delito incluido en la legislación internacional.
La víspera, "21 días después de la desaparición, organismos de derechos humanos se reunieron con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, para dialogar sobre la desaparición de Maldonado".
El encuentro, sin embargo, sólo sirvió para ratificar las diferencias entre parte de la sociedad y un gobierno que no tiene en la defensa de los derechos humanos una de sus prioridades.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió que tenía “el alma destrozada” porque salieron de la reunión “peor de lo que entramos porque nos siguen mintiendo, no declaran la desaparición forzada de este joven”.
El caso ha conmocionado a parte de la sociedad en Argentina, un país que arrastra una historia de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
Bullrich se refirió por primera vez a la desaparición cuando ya habían pasado seis días y la denuncia ya tenía repercusión internacional, ya que el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y Amnistía Internacional exigieron una acción urgente del Estado para encontrar al joven.
El pasado 11 de agosto, la Plaza de Mayo y sus alrededores se colmaron de manifestantes que reclamaron la aparición con vida de Maldonado, demanda que se replicará el próximo 30 de agosto, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido.