En la demanda presentada ante la Corte de Distrito de la capital estadunidense, la procuradora de Washington, D.C., Karla Racine y el de Maryland, Brian Frosh pidieron a la corte que declare a Trump en violación de la ley y que impida que continúe beneficiándose de dinero foráneo.
“Ni el acusado ni ninguno de sus abogados ha anunciado hasta la fecha ningún plan que haga constitucional su conducta o algún remedio contra estas violaciones constitucionales”, señalaron en un documento de 48 páginas.
Los demandantes acusaron específicamente a Trump de violar las llamadas Cláusulas de Emolumentos de la Constitución, que prohíben a cualquier funcionario público aceptar “cualquier regalo, emolumento, oficio o título, de cualquier tipo, de ningún Rey, Príncipe o gobierno extranjero”.
De acuerdo con el documento, la decisión de Trump de mantener la propiedad actual de su Hotel no sólo le permite obtener recursos de gobiernos de otros países, sino que le otorga una posición ventajosa sobre propiedades de los gobiernos municipales de Maryland o D.C., incluido su Centro de Convenciones.
Entre los ejemplos citados en la demanda, la embajada de Arabia Saudita pagó al Hotel Trump 190 mil dólares en hospedajes, 78 mil en comida y 1,568 dólares en estacionamiento a partir del 23 de enero (tres días después de la toma de posesión de Trump) y hasta el mes de febrero.
Se trata de la segunda demanda presentada contra Trump bajo argumentos legales similares.
La primera fue hecha en enero pasado por el grupo Ciudadanos por Responsabilidad y Ética, la cual ha sido rechazada por el Departamento de Justicia bajo el argumento de que las ganancias de los negocios de los presidentes corresponden a la definición legal de emolumentos.
“Ni el texto ni la historia de las Cláusulas (de Emolumentos) muestran que tenían la intención de impactar los beneficios de los negocios privados del presidente que no tengan que ver con su oficio o servicios personales a un gobierno extranjero”, señaló la abogada del gobierno, Jean Lin.
Como ejemplo, la abogada del Departamento de Justicia colocó los negocios privados en presidentes de Estados Unidos como George Washington y Thomas Jefferson, ambos granjeros y el último incluso propietario de esclavos.
Pero la nueva demanda de Washington y Maryland sostiene que la escala de los negocios de Trump no tienen parangón, por lo que consideran necesaria la intervención de las Cortes estadunidenses.
La Corte de Distrito de Washington debe decidir si acepta la demanda. Expertos coinciden que el caso tiene el potencial de llegar a la Suprema Corte de Justicia.