La Habana, noviembre (Semlac).- La incomunicación y el aislamiento social; la negación del derecho a decidir sobre sus cuerpos o sus vidas; la privación de alimentos o la medicación en contra de su voluntad; la explotación económica y el maltrato sexual, entre otras, son formas de violencia que afectan a muchas personas en situación de discapacidad.
A juicio de la pedagoga cubana Lucía de la Caridad García Ajete, para atender y visibilizar estas violencias, lo primero que se necesita es comprender "que las discapacidades no están en el funcionamiento de un órgano, ni tampoco en el problema de salud o en la situación en sí misma, sino que esas violencias se dan, precisamente, cuando a las personas en esa condición se les limitan sus derechos".
¿Cuáles son las principales manifestaciones de violencia que afectan a personas en situación de discapacidad?
Estas violencias están muy vinculadas a la mitología y a la narrativa que se tiene alrededor de las personas con discapacidades. La peculiaridad de la discapacidad conlleva un tipo específico de maltrato que suele ser más psicológico; aunque las violencias, de manera general, están interconectadas-.
Esto ocurre cuando son desvalorizados o negados los derechos de estas personas, o cuando son tratadas con términos peyorativos como discapacitados, mudos o sordos, entre otros que aluden a la deficiencia en sí.
Otras son las violencias vinculadas con la comunicación. Si la persona con discapacidades -generalmente intelectuales o del área sensorial, visual o auditiva- se encuentra en un medio donde no existen recursos para interactuar con ella, eso la limita y agrede su desarrollo personal. Implica una desigualdad comunicativa y una limitación de su derecho a expresarse y a recibir información oportuna, pertinente y que le permita la orientación.
También se dan manifestaciones de violencia física. Las personas en situación o condición de discapacidad suelen ser maltratadas, muchas veces, por quienes las cuidan, por familiares, amigos, o con quienes conviven con ellas. El propio desgaste que tiene el cuidador provoca que, con frecuencia, reciban golpes, maltratos, empujones…
Sucede, sobre todo, a personas con situaciones de discapacidades múltiples: auditiva y visual a la vez, la intelectual profunda, del espectro autista. Tienen a su alrededor cuidadores que, a menudo, no comprenden cuáles son los deseos de ese niño, niña, adolescente o adulto que cuidan y la propia persona que tiene esta condición tampoco interpela o entiende lo que pasa, se desespera y, con frecuencia, es maltratada, vejada o golpeada.
Por otro lado, es común en estas poblaciones -sobre todo en niñas, niños y adolescentes- la presencia de violencia sexual. Hay estudios que refrendan un riesgo mayor a sufrir violencia y acoso sexual para niñas y mujeres en situaciones de discapacidad, lo que les genera también mayor angustia y depresión.
Se habla también de violencia institucional. ¿Cuáles son las más comunes?
Está, por ejemplo, la violencia obstétrica. Mujeres con determinada discapacidad -ya sea auditiva o visual- que han necesitado de los servicios de planificación familiar o de atención relacionada con su salud sexual y reproductiva y, sin embargo, las instituciones, al no conocer la vía de comunicación o no poder comprender qué es lo que pasa, llegan a cometer violencia obstétrica, o simplemente a no tener en cuenta esas necesidades.
Ocurre mucho con las mujeres sordas. Ellas describen que, a veces, al no entenderse porque su lengua natural es la lengua de señas, si no van acompañadas a estos servicios con alguien que les ayude a comunicarse, se les obvia, rechaza, limita, censura e impide que ejerzan los derechos sexuales reproductivos en particular y todos los derechos en general.
Las violencias hacia las personas con discapacidades se enmascaran. No se ven, no se escuchan, no se entienden. Son violencias invisibles que hay que revelar, conocer, entender; sacarlas de ese lugar de mitología, de esa narrativa donde se naturalizan.
¿Qué faltaría: capacitación, soporte legislativo, sensibilidad?
Existe un soporte legislativo que ampara los derechos de las personas en situaciones de discapacidades. Lo que falta, a mi modo de ver, es la capacitación y sensibilidad ciudadana, de las instituciones, de todas las personas que las acompañan: la sensibilidad social.
La inclusión social de estas personas pasa por el reconocimiento de sus derechos, por el desmontaje de la narrativa de la incapacidad y por la prevención de la violencia.