Estado colombiano reconoce masacre de civiles en 1998

Bogotá, 30 Ago (Notimex).- El Estado colombiano reconocerá su responsabilidad en el caso de la masacre de Santo Domingo durante un bombardeo de las fuerzas armadas en el suroriente de este país andino, que en 1998 dejó un saldo de 17 civiles muertos, entre ellos seis menores de edad, informó una fuente oficial.

La cancillería informó que este 31 de agosto en el corregimiento de Santo Domingo “se realizará el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2012, Caso ‘Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia’”.

El acto será presidido por el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, quien llevará la vocería en nombre del Estado, y estarán presentes el viceministro de Defensa Nacional, Aníbal Fernández de Soto; la directora de la Unidad para las Víctimas, Yolanda Pinto de Gaviria, y delegadas de la Defensoría del Pueblo.

El caso se refiere a un bombardeo perpetrado el 13 de diciembre de 1998 por la Fuerza Aérea Colombiana en la vereda (caserío rural) de Santo Domingo, municipio de Tame, departamento de Arauca.

En su Informe de fondo de la CIDH, consideró “que el 13 de diciembre de 1998 a las 10:02 am la tripulación de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) lanzó un dispositivo cluster, compuesto por seis bombas de fragmentación, sobre la zona urbana de la vereda de Santo Domingo”.

El saldo de víctimas fue de “17 civiles muertos, entre ellos cuatro niños y dos niñas, y 27 civiles heridos, entre ellos cinco niñas y cuatro niños. Observó que los miembros de la Fuerza Pública que tripulaban las aeronaves tenían conocimiento de la calidad de civiles de esas personas”, señaló el fallo de la CIDH.

El organismo consideró probado “que, con posterioridad a la explosión, los sobrevivientes y heridos fueron atacados con ametralladoras desde un helicóptero cuando trataban de auxiliar a los heridos y escapar de la vereda”.

La CIDH estimó que todo “lo anterior generó el desplazamiento de los pobladores de Santo Domingo, luego de lo cual se dieron actos de saqueo o pillaje a las viviendas deshabitadas. Además, el caso se refiere a la alegada falta de protección judicial y de observancia de las garantías judiciales”.