Guardabosques de los entes ambientales brasileños IBAMA e ICMBio entraron, asistidos por la escolta armada de la Fuerza Nacional, en dos reservas naturales del estado de Pará, al norte del país y en plena Amazonía, para desactivar los llamados “garimpos” (minas artesanales).
Durante dos días cuatro aeronaves sobrevolaron el Parque Nacional del Jamanxim y el del Río Novo para identificar minas de oro y casiterita a cielo abierto en plena selva, y destruyeron ocho excavadoras hidráulicas y varios equipamientos, así como campamentos de los criminales ambientales.
Imágenes divulgadas este jueves muestran la devastación de la minería ilegal en esta región brasileña marcada por la violencia, la lucha por la tierra, y el robo y la destrucción de un patrimonio ambiental fundamental para la lucha contra el cambio climático.“Es una tragedia ambiental porque la mina sigue el curso del río”, explicó Roberto Cabral, coordinador de las operaciones de Fiscalización en el IBAMA, quien dijo que “el mercurio que usan [para el relave y la separación del oro de otros componentes] contamina todo el curso del agua”.
“Tenemos un daño ambiental y un daño a la salud pública”, agregó Cabral, quien recordó que eso es lo que el IBAMA, principal ente ambiental brasileño, “combate cada día en la Amazonia”.
La mayor selva tropical del planeta, que ocupa más del 50 por ciento del territorio brasileño, ha sufrido en los últimos 30 años los efectos de esta tala acelerada y corte raso, que va sucedida muchas veces por la quema de los remanentes del bosque, para abrir áreas de pasto para el ganado bovino o la producción agrícola.
La minería ilícita de oro, que se lleva a cabo con el uso de mercurio que se filtra en el subsuelo y contamina los ríos, se lleva a cabo además en condiciones miserables de trabajo, pues los mineros son llevados por lo general en avioneta hasta el corazón de la selva para explorar el oro para un “patrón” con el que no tienen contrato o condiciones dignas de alimentación y vivienda.
Desde que tomó posesión del cargo en mayo de 2016, grupos ecologistas y de la sociedad civil acusan al Gobierno de Michel Temer de aliarse con los lobbies agroindustriales para acometer una reducción masiva de las áreas de protección de la selva, con el objetivo de expandir las actividades económicas, lo que impacta no solo al medio ambiente sino también a los pueblos nativos de Brasil.La llegada del presidente electo Jair Bolsonaro supone, según organizaciones ecologistas, un recrudecimiento de la amenaza para la selva, pues el exmilitar ya dijo que quiere “acabar con la industria de la multa” y sugirió que privilegiará el desarrollo económico por encima de la preservación.
Las promesas del diputado de extrema derecha ya comienzan a tener sus impactos en la mayor selva tropical del planeta, según datos parciales.
Estadísticas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, en sus siglas en portugués) muestran que la deforestación en la Amazonia aumentó 36 por ciento entre junio y septiembre pasados, período de precampaña y campaña electoral, respecto a 2017.
En esos cuatro meses, dos mil 414 kilómetros cuadrados de selva fueron arrasados, según el INPE.
Aunque no ha habido cambio en la legislación, la posibilidad de que Bolsonaro dé rienda suelta a la deforestación en la Amazonia podría haber generado a nivel local una mayor acción de madereros ilegales, productores de ganado que se apropian de tierras públicas y especuladores.