Al inaugurar la 42 sesión del Consejo de Derechos Humanos (del 9 al 27 de septiembre de 2019), la más alta funcionaria internacional en esta materia, se reconoció "preocupada" porque las políticas de tránsito que se están implementando actualmente en los Estados Unidos, México y algunos países de América Central; están poniendo a los migrantes en un riesgo mayor al hacerlos correr el riesgo de sufrir violaciones y abusos de los derechos humanos.
"En particular, me alarma que los niños migrantes continúen detenidos en centros de los Estados Unidos y México, lo que contraviene el interés superior del niño, que es un principio fundamental del derecho internacional", afirmó la exmandataria de Chile.
Dentro de la sala XX del Palacio de las Naciones, en Ginebra, la delegación encabezada por la embajadora de México en Ginebra, Socorro Flores Liera; así como tres de sus colaboradores, escuchaba atenta las palabras de Bachelet.
Mientras, la alta comisionada explicaba desde el presídium que la mayoría de las familias que buscan abandonar sus lugares de origen se ven obligadas a hacerlo "por una profunda angustia social y económica, incluso como resultado del cambio climático, así como por la inseguridad, la corrupción y otros factores de gran alcance".
Según Bachelet, las políticas y prácticas públicas que tienen como objetivo evitar que los migrantes lleguen físicamente al Estado de destino y que entren en él, se topan con muchos obstáculos.
"Ni ellos ni las llamadas políticas de ‘tolerancia cero’ detendrán las fuerzas que impulsan a las personas a irse. Pero presionarán a las familias desesperadas a que tomen rutas más riesgosas, donde puedan estar expuestas a la violencia física, la trata de personas, la violencia sexual y otros delitos", denunció.
En lo que va del año, al menos 35 mil solicitantes de asilo han sido enviados a las zonas fronterizas mexicanas para que allí esperen sus audiencias.
En nombre del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, agregó que sus oficinas abiertas en México, en Guatemala y en Honduras han documentado aumentos en las detenciones y las deportaciones de migrantes.
"También hemos observado casos de separación familiar en el contexto de la privación arbitraria de libertad; falta de evaluación individual; denegación de acceso a servicios y asistencia humanitaria, y uso excesivo de la fuerza contra los migrantes. Los acuerdos para "devolver" personas a estos u otros países no pueden considerarse legales si no se respetan los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados, incluido el principio de no devolución; la evaluación individualizada; el interés superior de los niños; y las garantías de debido proceso", indicó.
Señaló que los Estados Unidos, "una nación basada en la acogida dada a los migrantes", una serie de medidas recientes han reducido drásticamente la protección para las familias que vienen de otros países.
"Sigo profundamente perturbada por estas políticas, incluida, en particular, la separación continua de los niños migrantes de sus padres, y la perspectiva de una nueva norma que permita la detención indefinida de los niños, simplemente por su estado administrativo. Nada puede justificar el infligir un trauma tan profundo a ningún niño", expresó.