Tras finalizar la semana pasada la quinta de seis rondas de negociaciones, el documento también considera establecer como garantías el derecho a la información y al debido proceso judicial de los migrantes indocumentados o irregulares, según el vocabulario de la ONU.
De acuerdo con Juan José Gómez Camacho, representante permanente de México ante la ONU y copresidente de las negociaciones, otro de los avances notables del pacto es el reconocimiento de que la migración debe adaptarse a las demandas del mercado laboral global y regional.
“Aunque la intención es reducir al mínimo la migración irregular, al mismo tiempo el pacto contiene un reconocimiento expreso de que los migrantes irregulares tienen un piso mínimo de derechos y servicios que les deben ser garantizados y provistos por los países de destino”, aseveró Gómez Camacho.
El diplomático destacó que aún existe debate en torno de si los cuatro derechos deberán ser garantizados por países receptores en el marco del pacto (salud, educación, información y debido proceso), pero que ese discusión es ya solo un “tema de precisiones”.
En entrevista con Notimex, el diplomático mexicano afirmó que el documento contiene también “una serie de disposiciones y propuestas muy robustas sobre los mercados laborales” a fin de que la migración “empiece a responder mejor a las necesidades de empleo y a la oferta de mano de obra”.
Gómez Camacho aseguró que la intención no solo es promover la expedición de permisos temporales de empleo, sino garantizar la portabilidad de beneficios de seguridad social entre naciones.
La intención es que “un trabajador pueda ser contratado por temporadas mientras que mantiene sus beneficios sociales” que sean equivalentes a sus habilidades, de manera que la contratación pueda realizarse sobre bases objetivas, precisó el representantes mexicano.
Otro aspecto novedoso del documento es el reconocimiento de los migrantes forzados de sus lugares de origen por el cambio climático, que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y por ello con necesidades especiales de protección.
Pese a que el Pacto no será legalmente vinculante, el documento sentará las bases para lo que representará el primer acuerdo global para regular el flujo internacional de personas y para reconocer de manera explícita un piso de derechos mínimos para las migrantes, regulares o irregulares.
El documento final deberá ser acordado tras la última ronda de negociaciones, que inicia el próximo 9 de julio. A finales de año, el pacto sería adoptado de manera formal en una cumbre que se celebrará en Marruecos.
La intención es contar con un marco básico que reconozca por primera vez las necesidades de los 258 millones de personas que actualmente radican en un país distinto al que nacieron.
Esas personas no solo ofrecen beneficios sociales y culturales a los países receptores, sino que son un motor del desarrollo para las naciones de las que emigraron.
De acuerdo con la ONU, las remesas internacionales ascendieron el año pasado a cerca de 600 mil millones de dólares, o tres veces el monto de la asistencia internacional para el desarrollo.
Pese a la importancia del fenómeno, Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump anunció desde un principio que no se acogería al pacto; en tanto que Hungría, bajo la presidencia de Viktor Orban, ha manifestado su opinión de que la migración es siempre un fenómeno indeseable.
En ese sentido, Gómez Camacho no descarta que Hungría termine por abandonar también el pacto, y que algún o algunos otros países sigan este ejemplo. Descartó no obstante que esta falta de consenso pudiera tener algún impacto en la fuerza moral que tendría el documento final.
Al final, el pacto es el reconocimiento de que la migración es un fenómeno multidimensional que no puede revertirse y del que en menor o mayor medida todos los países participan, de acuerdo con Gómez Camacho.