La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es la protagonista de la historia más reciente de corrupción que divide a los argentinos entre quienes creen de antemano en su culpabilidad o su inocencia.
El caso que ha provocado una conmoción comenzó con ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, uno de los exfuncionarios más influyentes de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015).
En esas páginas, que un amigo de Centeno entregó a un periodista de La Nación y este al fiscal Carlos Stornelli, el chofer registró durante años, al mejor estilo de los servicios de espionaje, a dónde, cuándo y con quiénes llevaba a Baratta presuntamente para recoger sobornos que empresarios pagaban en efectivo.
De acuerdo con las anotaciones, Baratta recolectó unos 200 millones de dólares que, en su mayoría, terminó en manos de los Kirchner.
La investigación involucra a decenas de exfuncionarios y empresarios, muchos de los cuales ya confesaron los delitos y se ampararon en la figura del “arrepentido” para poder seguir en libertad hasta que comiencen los juicios.
Uno de los principales problemas del caso es que el juez a cargo es Claudio Bonadío, quien es cuestionado por su parcialidad, ya que desde hace años mantiene una clara animadversión hacia el kirchnerismo.
Bonadío citó a una indagatoria a Fernández de Kirchner, quien declaró por escrito y negó las imputaciones, pero se prevé que en las próximas semanas el juez la procesará y la acusará de haber encabezado una “asociación ilícita”.
A pesar de que el escándalo es cubierto pormenorizadamente por la prensa tradicional y más influyente, que es antikirchnerista, las encuestas demuestran que la expresidenta sigue siendo apoyada por un 30 por ciento de la población, el mismo nivel de popularidad que tenía cuando dejó del cargo en diciembre de 2015.
La versión general de sus simpatizantes es que el caso de los cuadernos es una operación mediático-judicial para tapar la crisis económica provocada por el presidente Mauricio Macri y evitar que Fernández de Kirchner vuelva a postularse para la presidencia en 2019.
Por el contrario, los detractores de la expresidenta insisten en que la investigación demuestra que los kirchneristas “se robaron todo” y promueven el desafuero de Fernández de Kirchner para que deje de estar protegida por su actual cargo de senadora y sea detenida.
El gobierno, mientras tanto, ya ha comenzado a analizar cómo impactará la corrupción en la crisis económica que ahora se traduce en una imparable inflación, devaluación, recesión y aumento de la pobreza.
Según algunos analistas, las detenciones y confesiones de empresarios afectan la continuidad de obras públicas que quedan bajo la sospecha de la corrupción, además de que inhiben a potenciales inversores.
La desconfianza también es abonada por causas de corrupción del macrismo, ya que sigue en marcha la investigación por los aportes falsos que el oficialismo reportó en las elecciones legislativas del año pasado.
Por otra parte, el propio presidente ya reconoció que mucha gente le advierte que no le conviene que Fernández de Kirchner quede presa porque ello incrementaría la tensión social generada por la crisis.