Fuentes oficiales anunciaron que se activará la querella este viernes si se aprueba en el Parlamento catalán la declaración de independencia de Cataluña, como ya lo propusieron los grupos independentistas Juntos por el Sí y los anticapitalistas de la CUP.
Las penas por rebelión ascienden hasta a 30 años de prisión conforme al Código Penal de España por alzarse “violenta y públicamente para”, entre otras cosas “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” así como “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.
El código precisa que si solo hay una promoción de la rebelión y se induce a los demás a la misma, las penas son de entre 15 a 25 años de prisión, y en caso de hacerlo mediante las armas y el combate entre la fuerza de su mando sería de hasta 30 años.
La Fiscalía General del Estado advirtió este viernes que en esa querella incluiría también a todos los miembros del gobierno catalán y a los de la Mesa Directiva del Parlamento, por permitir su votación.
La querella se podría presentar ante el Tribunal Supremo de España, o bien ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya investiga a Puigdemont por presunta desobediencia y prevaricación al organizar el referéndum del 1 de octubre a pesar de haber sido anulado por el Tribunal Constitucional.