Violencia y política, la eterna deuda de Bolivia con las mujeres

La Paz, 4 ene (EFE).- Los esfuerzos en Bolivia contra la violencia machista y para garantizar los derechos políticos de las mujeres parecen insuficientes, pues el país ha mantenido en los últimos siete años un promedio anual de 110 feminicidios y los partidos no dejan de hallar atajos para saltarse la paridad exigida por ley en las candidaturas.

Bolivia cuenta desde hace unos ocho años con un marco normativo que busca proteger a las mujeres de todo tipo de violencia y del acoso político, además de garantizar su participación electoral.

Los números de la participación política parecen alentadores, pero en la práctica, las mujeres están aún lejos de los altos cargos ejecutivos o de ejercer plenamente los puestos para los que fueron elegidas pues prevalece el acoso, practicado muchas veces por sus propios compañeros de partido.

Además, aunque el feminicidio se castiga con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la violencia contra niñas y mujeres no ha dado tregua.

UNA LACRA CONSTANTE
Bolivia cerró el 2020 con al menos 113 mujeres muertas víctimas de la violencia machista y registró otros tres casos al iniciar el nuevo año, según datos del Ministerio Público.

En declaraciones a Efe, la directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, explicó que en los últimos siete años se ha tenido un promedio anual de 110 feminicidios, un número que "sigue siendo alto".

"Esto es un indicador de que las medidas que se han tomado para proteger a las mujeres son insuficientes", remarcó.

Del total de feminicidios ocurridos en 2020, 53 se registraron durante la cuarentena que rigió en el país entre marzo y agosto pasados, informó la Fiscalía.

Novillo lamentó la "falta de sensibilidad generalizada" ante la violencia hacia las mujeres durante la cuarentena, un periodo en el que tuvieron que convivir las 24 horas del día con sus agresores "sin que existan condiciones" para poder denunciarlos.

La falta de atención policial en un principio y las restricciones de movilidad impidieron que las mujeres denuncien oportunamente la violencia, por lo que es probable que haya un subregistro de casos, consideró.

También cuestionó que el Gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez declarase el 2020 como el año de lucha contra el feminicidio y el infanticidio sin tomar medidas concretas para combatirlos.

Las organizaciones feministas están atentas al anuncio del Ministerio de Justicia de que se evaluará la ley contra la violencia machista para plantear reformas que permitan su plena aplicación, una demanda constante de estas entidades.

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA
El país se ha jactado varias veces de ser uno de los pocos en el mundo con una Asamblea Legislativa paritaria.

Los números le dan la razón, pues en las recientes elecciones generales las mujeres lograron una presencia de 51,9 % en el Parlamento, el 55,5 % en el Senado y el 46,9 en Diputados.

Sin embargo, ambas cámaras están presididas por hombres, al igual que el Parlamento, cuyo titular es el vicepresidente del país, David Choquehuanca.

Además, el primer gabinete de ministros del presidente Luis Arce está integrado por trece hombres y tan solo cuatro mujeres.

La mayor participación política de las mujeres va casada con un aumento proporcional del acoso y violencia en su contra, como lo evidenció un estudio difundido en 2019 que reveló que siete de cada diez parlamentarias sufrieron alguna de esas lacras que llegan también a los niveles subnacionales.

En noviembre pasado, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia denunció que son más de ocho años desde la aprobación de la ley contra el acoso y la violencia política y hasta el momento no hay un solo caso con sentencia penal.

Aquella ley fue impulsada tras la muerte violenta en 2012 de la concejala Juana Quispe, tras una serie de presiones y amenazas políticas, un caso que continúa estancado en la Justicia.

HACIA LAS SUBNACIONALES
Los partidos que quieran participar en procesos electorales, como los comicios subnacionales de marzo, deben tener en cuenta los principios de paridad y alternancia para garantizar que al menos la mitad de sus candidatos sean mujeres.

Aunque esta exigencia está vigente, las mujeres siguen siendo excluidas de altos cargos y una muestra de ello fue que en las elecciones subnacionales de 2015 sólo 27 mujeres fueron elegidas alcaldesas frente a 312 hombres.

En el proceso actual, de un total de 2.004 candidaturas a cargos ejecutivos regionales o municipales, 1.687 son hombres y 317 mujeres, solo un 16 %, informó el órgano electoral.

"Ahí persisten esas visiones machistas de que las mujeres no corresponden al ámbito político y en esa medida también las ubican en lugares de las listas que son menos expectables", criticó Novillo.

También denunció que algunos partidos imponen a las parlamentarias regionales o concejalas renunciar al cumplir la mitad de su gestión para que sus suplentes, hombres, asuman la titularidad, algo que no se exige a los varones.

Algunas organizaciones políticas argumentan que no hay mujeres que sean candidatas, y otras frenan sus postulaciones aunque tengan apoyo, como pasó con la expresidenta del Senado Eva Copa, que tuvo que dejar al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) para aspirar a la alcaldía de la ciudad de El Alto.